Sobre el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico

Sobre el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico

Por Javier Córdova Iturregui

5 sept 2022

En los últimos cinco años, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha recibido un recorte sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Se ha reducido su presupuesto en más de la mitad. La Ley 2 de 1966, que otorgaba autonomía fiscal al primer centro educativo de educación superior del país Universidad, ha quedado en letra muerta.


En el 2015, bajo el gobierno del PPD, se congeló el dinero que se asignaba antes a la UPR por la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966 (un 9.6% del fondo general del país). Eso representó una reducción presupuestaria a la Universidad, pues en la medida en que el presupuesto del país aumentaba, no se hacía la asignación correspondiente en ley a la UPR, pues se había congelado al presupuesto del 2014. Sin embargo, el golpe brutal se comienza a recibir desde el 2017, con la llegada del gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal (JCF).


El impacto a la comunidad universitaria, estudiantes, empleados/as docentes y no docentes, ha sido brutal. Mientras el país se empobrece ante falta de oportunidades de trabajo y aumento en el costo de vida, las y los estudiantes han visto el costo de matrícula subir en un 175%. De $57 que costaba el crédito subgraduado en el 2017, hoy está en $157. El crédito graduado también se ha disparado. Se han eliminado exenciones de matrícula a estudiantes talentosos en deportes y artes y han aumentado los costos de todos los servicios al estudiantado. Todo ello mientras se deteriora el servicio y la infraestructura, pues los aumentos no van destinados a fortalecer los servicios, sino a compensar la reducción a la que el gobierno y la JCF han sometido a la Universidad.


La situación de empleados y empleadas es igual de alarmante. En los últimos 5 años se han eliminado más de 2,000 plazas en la UPR. Esto, a pesar de que han aumentado dramáticamente las contrataciones temporeras, es decir, de personal sin plaza, bajo condiciones precarias. Solo cobran una parte del año, no tienen plan médico, no acumulan retiro ni tienen otros beneficios marginales. Muchas están contratadas a tarea parcial, con sueldos de hambre.


En el caso del personal docente, ya la mitad de toda la Facultad de la UPR es docente por contrato. Incluso hay recintos en los cuales la mayoría de sus docentes están contratados a tarea parcial. En esos casos, los salarios están por debajo de los límites de pobreza, obligando a muchos a trabajar en varios recintos universitarios para poder subsistir.


Empleados/as también han perdido exenciones de matrícula para ellos/as y sus hijos/as. Además, beneficios fundamentales como plan médico y retiro, aún para personal con plaza, están bajo amenaza contínua de la JSF.


La cantidad de estudiantes en la UPR se ha reducido en un 26% en los últimos 5 años, según datos de la propia JCF (de 68,080 en el 2017 a 50,411 en el 2022). Esta reducción no es por otra cosa que por diseño de la propia Junta. Desde el primer plan fiscal certificado por la Junta, la proyección fue reducir de esta manera la cantidad de estudiantes, al igual que la cantidad de empleadas/os en la institución. Del 2018 al 2022, la UPR ha perdido sobre un 18% de su personal (de 12,779 en el 2018 a 10,426 en el 2022). Y el objetivo de la Junta es seguir reduciendo el número de estudiantes, así como el personal. Esto, mientras a su vez el personal contratado es, como dijimos antes, en contratos temporeros, muchísimos a tarea parcial.


La UPR perdió la acreditación del Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas. El propio recinto está en peligro de perder su acreditación de la Middle States, lo cual sería el golpe mortal al recinto. La razón es la situación financiera del Recinto. Y esto ocurre mientras la ex rectora del Recinto ha dicho que hay conversaciones para la compra del recinto por una institución privada. Ciertamente, la pérdida de la acreditación daría paso a la privatización del Recinto, que rinde servicios educativos y de salud esenciales para el país.
Sobre el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico (momentocritico.org)

UPR: Un punto en el tejido de la corrupción

 

Por

 giancarlo-vazquez-lopez

 -CLARIDAD 
julio 31, 2019

Los seis arrestados por corrupción y el escandaloso chat han expandido el margen de incertidumbre financiera experimentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos años. Situación que se ha agravado progresivamente desde los años 90. 

La irresponsabilidad de esta claque gobernante ha quedado al descubierto, el chat “ha sido la chispa que incendió ese gigantesco malestar acumulado por años y los jóvenes son quienes han levantado al país en contra de la corrupción y la Junta de Control Fiscal (JCF)”, dijo el profesor retirado de la UPR, Félix Córdova. 

Córdova, explicó brevemente una red de corrupción relacionada a los dos asuntos mencionados al principio y que afecta directamente a la UPR. Mientras la administración universitaria ofrece jugosos contratos a compañías recién incorporadas, son los estudiantes, empleados y profesores quienes pagan las consecuencias del saqueo y el mal manejo de fondos públicos. 

“La UPR no está ajena al chat de Telegramdijo por su parte la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No- Docentes, Jannelle Santana. La líder sindical expresó que la UPR estaba dentro de la “destrucción” conspirada por Ricardo Rosselló y sus brothers en las conversaciones“Allí salió a relucir la verdad sobre Hamilton y los insultos hacia los estudiantes, dejando claro que estas personas no tenían ningún interés en salvaguardar la UPR”, añadió. 

Santana, alegó que los responsables principales de los aumentos en la matrícula y los recortes son el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), Walter Alomar, y la vicepresidenta, Zoraida Buxó. “Los recortes más grande de presupuesto vinieron del ejecutivo, no de la JCF. El ente federal no hace planes fiscales, quien hace el Plan Fiscal es la JG-UPR, que a su vez responden al Ejecutivo”, explicó. 

Buxó, fue nominada por Rosselló a la JG-UPR en 2017. La vicepresidenta contrató a la firma de consultoría y contabilidad BDO para “bregar” con el sistema de retiro de los empleados docentes y no-docentes de dicha institución. 

BDO Puerto Rico es uno de los nexos en la red de corrupción esbozada por Córdova. Fernando Scherrer, presidente de la firma de contabilidad que tenía contratos con varias agencias gubernamentales, fue uno de los 6 arrestados el pasado miércoles 10 de julio. 

Además, destacó la relación de Carlos García, miembro actual de la JCF, y la situación actual “por lo tanto unimos gobierno y Junta. Son dos aparatos corruptos los que están gobernando sobre Puerto Rico” Pero el vínculo no solo se reduce a García, Alberto Velázquez Piñol trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló como subdirector ejecutivo de administración y finanzas de la Compañía de Turismo. Corporación que entonces dirigía Fortuño. 

Cuando Fortuño ganó la gobernación en 2009, Velázquez Piñol fue designado como administrador del Departamento de Educación y director de la oficina del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en Nueva York. Quien dirigía el BGF en ese entonces era García. 

Velázquez Piñol, fue uno de los arrestados junto Scherrer, Julia Keleher, Ángela Ávila y las hermanas Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza. BDO mantuvo contratos millonarios principalmente entre el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

“Tanto Buxó como Walter Alomar (presidente de la Junta de Gobierno de la UPR), son parte de la red de corrupción y tienen que renunciar también”, sentenció el profesor Córdova.

Buxó, es socia de la firma de cabilderos World Professional Group, creada por Carlos López López en 2009. López, es además abogado socio en la firma bipartita Wolf Popper LLP, que aguarda vínculos con educación y de la cual formaba parte Elías Sánchez. 

Por otra parte, el presidente de la JG-UPR ha mantenido contratos dudosos con el gobierno mediante la compañía DBPR Legal LLC. Entre los entes gubernamentales figura la Compañía de Turismo, la Junta de Planificación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Esta última se encarga de hacer los planes fiscales del primer centro docente del país.

“Si estas personas respondían y estaban protegidas por el ejecutivo ¿cuáles son los nexos entre Buxó y Elías, que trabajaban juntos para un mismo bufete?”, cuestionó Santana. Además, mencionó que, por ejemplo “los correos electrónicos trabajan con la plataforma de Gmail y ahora vamos a emigrar a Microsoft”. 

“Hemos sido víctima del saqueo y la mala administración de fondos públicos; contrataciones de compañías que solo llevan incorporadas 8 meses y se están ganando miles de dólares para dar supuestamente adiestramientos en la universidad cuando la administración cuenta con la tala de profesionales para ofrecerlos”, añadió Santana.





https://claridadpuertorico.com/upr-un-punto-en-el-tejido-de-la-corrupcion

Se impone la politiquería.

Tal como lo veníamos denunciando, el mollero politiquero se hizo realidad tras la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) i...