Por: Rolando Emmanuelli Jiménez
La Universidad de Puerto Rico (UPR) vuelve a enfrentar desafíos cruciales bajo la austeridad que impone la Junta de Control Fiscal (JCF). Hoy, más que nunca, la junta la empuja a su eventual liquidación.
Fundada el 3 de marzo de 1903, la UPR ha sido un pilar fundamental para la educación superior y la movilidad social en Puerto Rico. Ha permitido a generaciones de puertorriqueños acceder a una educación de calidad, mejorar sus perspectivas laborales, moverse de la pobreza a una clase media con calidad de vida y contribuir al desarrollo económico del país.
Desde su fundación, la UPR ha crecido para incluir 11 recintos en toda la isla, cada uno con su propio conjunto de programas académicos y especialidades que aportan a las economías locales. Este crecimiento ha permitido que más estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica y condición socioeconómica, tengan acceso a educación de alta calidad.
La UPR ha sido fundamental para la movilidad social en Puerto Rico. Ha permitido que individuos de familias sin antecedentes universitarios accedan a la educación superior, mejorando sus oportunidades laborales y contribuyendo al desarrollo de una clase media robusta.
Esta movilidad social es esencial para el crecimiento económico y la estabilidad del país. Sin embargo, los recortes presupuestarios y el aumento de las matrículas están destruyendo esta oportunidad, obligando a muchos a buscar educación fuera de la isla.
La UPR ha jugado un papel crucial en proporcionar educación asequible y accesible. Aumentar las matrículas y reducir los fondos pone en peligro este acceso, afectando principalmente a los estudiantes de bajos ingresos que dependen de la UPR para obtener una educación superior.
Sin la UPR, muchas familias perderían la oportunidad de mejorar su situación económica, perpetuando así el ciclo de pobreza.
Puerto Rico, como país subdesarrollado, necesita una clase académica vibrante para generar conocimiento nuevo y patentes que traigan financiamiento para futuras investigaciones. La investigación y el desarrollo son cruciales para el progreso económico, y la UPR juega un papel central en este proceso.
Desmantelar la universidad equivale a socavar las bases mismas del desarrollo económico y social del país.
La investigación y el desarrollo no solo benefician a la universidad, sino que también tienen un impacto directo en la economía local. Los proyectos de investigación pueden atraer financiamiento externo, crear empleos y fomentar la innovación.
Además, la investigación académica a menudo lleva a descubrimientos y desarrollos tecnológicos que pueden ser comercializados, trayendo nuevos ingresos y oportunidades para la isla. Por ejemplo, la UPR ha estado a la vanguardia de investigaciones en biotecnología, ciencias ambientales y energías renovables, áreas vitales para el futuro sostenible del país.
La Junta de Control Fiscal y la Ley PROMESA
La Ley PROMESA fue aprobada en 2016 con el objetivo de reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y establecer un camino hacia la estabilidad financiera. Sin embargo, desde su implementación, han llovido las críticas sobre cómo la JCF ha manejado los recursos y las prioridades del gobierno.
En particular, la reducción del presupuesto de la UPR ha sido vista como un ataque directo a una de las instituciones más importantes de la isla.
A pesar de que en muchas ocasiones la JCF se ha expresado en apoyo al fundamental papel que cumple la UPR en Puerto Rico, desde que se instauró en 2016 ha hecho todo lo posible por precarizarla y destruirla.
La aportación gubernamental a la UPR, que según la ley 2 del 1966 debería ser de alrededor de $800 millones, en el 2017 se redujo a $600 millones y en el 2018 a $500 millones. Esto representó un recorte de $300 millones, un golpe devastador para la capacidad operativa de la universidad.
Luego de varios esfuerzos de diferentes sectores, el año pasado la JCF subió la aportación gubernamental a la UPR a un poco más de $600 millones, pero este año pretende otra vez, sin explicaciones, reducirla a $500 millones.
Impacto de los recortes
Los estados financieros de la UPR, auditados recientemente, reflejan serias dudas sobre la capacidad de la universidad para mantener sus operaciones de forma solvente.
La reducción en el presupuesto ha generado preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de la institución, conocida en términos financieros como going concern. Por tanto, otra nueva ronda de recortes agravará esta precaria realidad y acercará a la UPR a la insolvencia y liquidación.
Los recortes no solo afectan las operaciones diarias de la universidad, sino también su capacidad para atraer y retener a profesores de alta calidad, financiar investigaciones innovadoras y mantener instalaciones adecuadas para el aprendizaje y la investigación.
Las infraestructuras deterioradas, la falta de recursos para laboratorios y bibliotecas, y las limitaciones en la contratación de personal académico son solo algunos de los problemas que enfrenta la UPR debido a estos recortes presupuestarios. Esto, sin duda, también afecta la capacidad de la UPR de acreditar sus programas académicos.
La pérdida de acreditaciones no solo impacta la capacidad de la UPR para recibir fondos, sino que también disminuye su prestigio académico.
Los estudiantes graduados de una universidad sin acreditación reconocida pueden enfrentar dificultades significativas al intentar continuar su educación o buscar empleo, tanto a nivel nacional como internacional.
El Sistema de Retiro y la quiebra de la UPR
La decisión de la JCF de reducir el presupuesto de la UPR a $500 millones, ignorando leyes anteriores, y con conocimiento preciso de las funestas consecuencias, demuestra un uso arbitrario del poder y motivado ideológicamente.
Este acto unilateral ha tenido repercusiones profundas, pues el Sistema de Retiro de la UPR no está recibiendo las aportaciones necesarias, poniendo en riesgo la solvencia futura del sistema.
El Sistema de Retiro de la UPR es un área crítica afectada por estos recortes. La Ley PROMESA y la JCF establecieron un plan de ajuste de la deuda del gobierno central que no solventó adecuadamente los sistemas de retiro.
Aunque se implementó el pago pay as you go para los retirados, no se financiaron adecuadamente dichos sistemas, dejando un déficit significativo que pesa sobre las finanzas de Puerto Rico.
Este déficit, que en el gobierno central asciende a $51,100 millones, pone en riesgo la estabilidad financiera del gobierno central y, por lo tanto, de la universidad y sus empleados y retirados.
Los empleados de la UPR, muchos de los cuales han dedicado décadas de servicio a la institución, enfrentan un futuro incierto. La falta de un sistema de retiro bien financiado significa que estos empleados pueden no recibir los beneficios que se les prometieron, lo que socava la confianza en la administración de la universidad y del gobierno.
Este problema también afecta la moral y la productividad del personal, ya que la incertidumbre financiera crea un ambiente de estrés y desmotivación.
La insolvencia del Sistema de Retiro provocada por la JCF podría obligar a que tenga que solicitar la presentación de una reestructuración bajo el Título III de PROMESA. Esto ocasionaría que el Departamento de Educación federal cancele las autorizaciones de la UPR para recibir fondos federales.
Esto, a su vez, provocaría la insolvencia inmediata de la institución y su posterior liquidación mediante la venta de los recintos y sus activos a universidades privadas.
La ideología detrás de los recortes
Es crucial entender que estos recortes no son meramente financieros. La reducción de los fondos a la UPR forma parte de una agenda más amplia para privatizar la educación y otros servicios públicos en Puerto Rico, impulsada por el neoliberalismo.
La ideología neoliberal prioriza el individualismo y el lucro sobre el bienestar común. Esta filosofía ha llevado a la privatización de servicios públicos esenciales, como la energía, con resultados desastrosos para la mayoría de los puertorriqueños.
La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, ha resultado en un servicio más costoso y menos confiable.
Esta ideología neoliberal, promovida por varias administraciones gubernamentales y entronizada por la JCF, ha exacerbado la desigualdad en Puerto Rico. Con el 40 por ciento de los niños y el 50 al 60 por ciento de la población viviendo en pobreza, el enfoque en beneficiar a los ricos a expensas de los pobres ha tenido consecuencias devastadoras.
Es necesario un cambio fundamental en la filosofía de gobernanza para priorizar el bienestar de todos los puertorriqueños, no solo de unos pocos privilegiados.
Este enfoque favorece a los inversionistas y empresarios a expensas del bien común. Al debilitar las instituciones públicas, se abre la puerta para que los proveedores educativos privados tomen el control, lo que puede resultar en costos más altos y menor accesibilidad para los estudiantes.
La emigración y el futuro de Puerto Rico
La destrucción de la UPR no solo afecta la educación, sino también exacerba la emigración.
Las mejores mentes y las personas en su etapa productiva están dejando la isla en busca de mejores oportunidades, lo que resulta en un crecimiento poblacional negativo. Al final, quienes permanecerán en Puerto Rico serán los ancianos y aquellos que vengan a reemplazarlos desde Estados Unidos, alterando profundamente la demografía y la economía de la isla.
Esta fuga de cerebros tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Con la pérdida de talento joven y capacitado, Puerto Rico enfrenta una disminución en su capacidad para innovar y crecer económicamente. Las industrias que dependen de trabajadores altamente calificados, como la tecnología y la salud, se verán particularmente afectadas.
Además, la reducción de la población en edad de trabajar significa una base impositiva más pequeña y menos ingresos fiscales, lo que agrava aún más los problemas financieros de la isla.
La necesidad de un cambio político
La situación actual requiere un cambio político significativo. La falta de consenso y de iniciativas por parte del gobierno PNP y PPD ha llevado al país al borde del colapso.
Es crucial fomentar un debate de ideas y encontrar soluciones viables para sacar a Puerto Rico del pantano económico, político y social en el que se encuentra. La UPR debe ser una prioridad en este proceso, ya que su futuro está intrínsecamente ligado al futuro del país.
Los líderes políticos deben reconocer la importancia de la UPR y comprometerse a asegurar su financiamiento adecuado y su autonomía académica. Esto incluye oponerse a la JCF, revertir los recortes presupuestarios, invertir en infraestructura y apoyar a los profesores y estudiantes.
Además, es necesario crear un ambiente político que valore y apoye la educación pública como un derecho fundamental y una inversión en el futuro de la isla.
El futuro de la UPR: un esfuerzo colectivo
La batalla por el presupuesto de la UPR es una batalla de todo el país. La universidad no solo educa a los futuros profesionales de Puerto Rico, sino que también es un motor de desarrollo económico y social. Sin una UPR fuerte y bien financiada, Puerto Rico perderá una de sus herramientas más importantes para el progreso y la equidad.
Es crucial que todos los sectores de la sociedad, desde los estudiantes y profesores hasta los líderes empresariales y políticos, se unan para defender la UPR. Esto incluye abogar por políticas que aseguren el financiamiento adecuado, promover la investigación y el desarrollo, y crear un ambiente en el que la educación pública sea valorada y apoyada.
La crisis de la UPR es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta la isla bajo la JCF. Los recortes presupuestarios, la ideología neoliberal y la falta de apoyo gubernamental están llevando a la universidad a una situación insostenible.
Es imperativo que se tomen medidas para asegurar su viabilidad financiera y su capacidad para continuar ofreciendo una educación de calidad a las futuras generaciones.
La batalla por el presupuesto de la UPR es, en última instancia, una batalla por el futuro de Puerto Rico.
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