La Decadencia de la Biblioteca José M. Lázaro

La Lázaro: siete años en sala de espera

Biblioteca José M. Lázaro, UPR Recinto de Río Piedras

Biblioteca José M. Lázaro, UPR Recinto de Río Piedras 2 de abril de 2025. San Juan, PR. Fotografías de la biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a 7 años del paso del huracán María por Puerto Rico. (Foto por Brandon Cruz González / Centro de Periodismo Investigativo) (Brandon Cruz González)

Filtraciones, libros con hongos y siete salas de estudio cerradas desde el paso del huracán María en 2017 se ven en la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde se preservan libros y documentos patrimoniales del país. Completar todas las fases de mejoras tomará otros tres años más, dice la administración.

En 2021, la administración universitaria anunció que había culminado la impermeabilización del techo de la biblioteca, que se dañó con el huracán María en 2017. Fue una solución temporera a cargo de la empresa Tropitech Inc. para parar las filtraciones, a un costo de $545,229. Las gotas, sin embargo, siguieron permeando desde el techo porque el tratamiento no era una solución permanente.

A principios de marzo, Astrid Lugo López, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto riopedrense, me habló sobre la falta de espacios de estudio en la universidad pública y de los retos para los jóvenes que intentan estudiar en condiciones cada vez más precarias. Aquella conversación, cargada de frustración, me resuena cuando recorro la biblioteca.


“Hay secciones en la Lázaro que, simplemente, hay estudiantes que nunca las han visto durante su carrera universitaria”, dijo aquella vez sentada en la oficina del Consejo en el Centro de Estudiantes.

En la biblioteca, que debería ser un refugio para adquirir conocimiento, los visitantes se encuentran ahora en una lucha constante por encontrar áreas no invadidas por las filtraciones, los hongos y el mal olor.


“Nosotros necesitamos espacios de estudio, y cada vez hay menos”, reclamó la presidenta del CGE.


El problema es uno con el que conviven desde hace más de una década, cuando el edificio fue declarado enfermo por las autoridades competentes, y empeoró desde hace siete años y medio, luego de los huracanes.


En 2019, recorrí los pasillos de la Biblioteca Lázaro para observar el proceso de reconstrucción tras los estragos causados por el huracán María dos años antes. El viento y la lluvia del ciclón habían dejado cicatrices profundas en el edificio, marcas que dos años después de su paso aún eran visibles, como si el espacio mismo guardara los recuerdos del desastre.


El daño no solo era evidente en la biblioteca, sino en todo el Recinto. Las obras avanzaban lentamente, mientras la biblioteca luchaba por sanar, por recuperar su función, con zafacones y cubos usados para recoger las goteras, y con deshumidificadores en los pasillos para intentar combatir las esporas.


Seis años después de aquella visita, algunos de los espacios deteriorados siguen sin reparación. “La Lázaro” sigue, en muchos aspectos, detenida en el tiempo. La biblioteca funciona de manera fragmentada desde rincones improvisados a donde se movieron las distintas colecciones.Al menos siete de las 14 salas y bibliotecas permanecen cerradas desde aquel fatídico septiembre de 2017: los Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos, la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, la Sala de Documentos y Mapas, la Filmoteca, la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, parte de la Biblioteca Regional del Caribe y la Colección de las Artes y Música.


Aunque los servicios de estas colecciones se ofrecen desde otros espacios, su operación no es óptima. Por ejemplo, la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, que absorbió los textos de la Escuela de Comunicación cuando se integró con la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información para ser una facultad, fue cerrada. Actualmente, los textos pueden consultarse en el catálogo en línea y recogerse en la Sala de Circulación, donde se reubicaron ambas colecciones. El proceso de traslado fue largo e incluyó una exhaustiva catalogación y el descarte de textos, me contó, de manera confidencial, un empleado.


“Recordemos que la universidad pública no solo le da servicios a la comunidad universitaria. Se supone que La Lázaro es la biblioteca pública del país. Es nuestra biblioteca nacional y no está pudiendo dar servicios porque hay salas enteras clausuradas por hongos, por deterioro…”, lamenta la presidenta del CGE.


De regreso al segundo piso, la mirada cae en dos huecos del techo, sin plafones, donde las filtraciones dejan ver su huella de moho marrón y hongo blanco.


Avanzo unos pasos y, a la izquierda, me topo con la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, dedicada a materiales para el estudio de la obra del poeta y Premio Nobel andaluz. Dos papeles pegados al cristal de la puerta anuncian que el “área está clausurada” y que los servicios están relocalizados al lado de la Colección Josefina del Toro Fulladosa (Libros raros), también en el segundo piso.

“Ofrece servicios de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.”, advierte el papel. Los números telefónicos y correos electrónicos incluidos en el aviso intentan llenar el espacio de lo que falta: la presencia humana de quienes deberían estar allí.


De vuelta al primer piso, unas puertas de cristal flanqueadas por sendos revestimientos de madera permanecen cerradas también desde el 2017. Tiro una foto y busco en mi teléfono la misma imagen que tomé hace unos años. Poco se ha avanzado en aquel espacio que albergaba los servicios bibliotecarios para personas con diversidad funcional.


Una vez más, un papel anuncia que los servicios se encuentran en el segundo piso, detrás de la Colección de Circulación y Reserva. Para llegar allí, solo hay dos opciones: las escaleras o un ascensor que apenas se deja ver unos pasos más adelante. No hay rampas. En los días en que la electricidad falla —que, en Puerto Rico, es con frecuencia— me cuenta un empleado, quien prefiere permanecer en el anonimato, que solo quedan las escaleras para los 1,179 estudiantes con diversidad funcional o acomodo razonable que están registrados en el Recinto, según la propia institución.

La biblioteca, diseñada por el arquitecto alemán Henry Klumb e inaugurada en 1953 a un costo de $1 millón, no tiene una rampa en su interior. A lo largo de los años, el edificio fue alterado y se le hicieron expansiones.


La modernidad trajo consigo los sistemas de aire acondicionado y la necesidad urgente de conectar a Internet, pero no se invirtió en acceso para que personas con problemas de movilidad pudieran acceder a todos los espacios de la biblioteca. Los constantes bajones de electricidad no solo impiden a algunos subir al segundo piso, sino que además dañan ascensores y aires, y las fluctuaciones de temperatura provocan más humedad, que, a su vez, propicia el crecimiento de hongos en las paredes, techos y libros.


Investigación y recopilación de datos sobre el desastre.


Los estragos del huracán Fiona, en septiembre de 2022, y de la tormenta Ernesto, en agosto de 2024, provocaron desprendimiento de material con asbesto del techo en la Colección de Circulación y Reserva, según un correo de la directora del Sistema de Bibliotecas del Recinto, Nancy Abreu Báez, enviado al director de la Unidad de Apoyo Técnico e Infraestructura del campus, Ramón Canto, al que tuve acceso. El incidente provocó que la Oficina de Protección Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional de la UPR ordenara apagar los acondicionadores de aires para limpiarlos. Al encender los aires, estos no enfriaron adecuadamente, dando paso a que la proliferación de hongos se agravara, dice el informe.

Aunque la situación fue neutralizada en parte, Abreu Báez reconoce, en el documento, que “si no se estabilizan las temperaturas, el hongo volverá a resurgir”.


Seis meses después del suceso, Abreu Báez me dice que el Sistema de Bibliotecas, que incluye a La Lázaro, ha realizado limpiezas profundas de sus colecciones a cargo de la compañía In-Viro Care.

Llego a las 11:00 a.m. a toda prisa a una cita al Recinto de Río Piedras. Un fin de semana me separa de aquel recorrido por La Lázaro. En Rectoría, me reciben las arquitectas Mayra Jiménez Montano, ayudante especial en Asuntos de Infraestructura; y Jomarly Cruz Galarza, directora de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico del Recinto.


Aunque la agenda era hablar del proceso de reconstrucción del campus, casi inevitablemente, el tiempo lo ocupa la situación de la biblioteca.


Ambas reconocen los retos del atraso en las obras, las complejidades para cumplir con las exigencias de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la falta de mano de obra en Puerto Rico y una lista casi interminable de gestiones que evidencian la complejidad de la restauración.


“Cuando uno restaura un edificio empieza de arriba a abajo”, explica Jiménez Montano. “Por eso es que se está empezando con la impermeabilización. Una vez se atienda el problema de las filtraciones, la próxima fase son los sistemas de aires acondicionados para evaluar su condición e instalar equipos adecuados para bibliotecas con controles de humedad”, añade.


Se refiere a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en la biblioteca, anunciada en enero de este año por el entonces presidente de la UPR, Luis Ferrao. Se trata de la remoción y disposición del sistema de impermeabilización temporal (que costó sobre $500,000 hace cuatro años) así como la instalación de un nuevo sistema conforme a los códigos de construcción de 2018. Esta fase tendrá un costo de $3.1 millones de fondos de FEMA y fondos CDBG-DR para la recuperación de desastres, provistos por el Departamento de Vivienda federal.


La pregunta inevitable está en el aire: ¿Por qué ha pasado tanto tiempo entre la impermeabilización temporera, que se completó en 2021, y el inicio de esta obra permanente?

“Hay que verlo como un proyecto bien ambicioso. Aquí nada más son $260 millones [para todo el Recinto], pero son procesos que tienen que cumplir cada etapa y son muy rigurosos. Hay que llevar un proceso que sea competitivo, que se tarda”, dice Jiménez Montano.


“Ahora, en los últimos dos años, ha avanzado un poco más. Obviamente, es porque ha apretado y tenemos que utilizar los fondos, pero sí, son procesos lentos”, añade la arquitecta, al referirse al avance de las filtraciones y el deterioro progresivo en la biblioteca.

Descarta que la prisa ahora surja por la inestabilidad en el gobierno federal, donde las políticas del presidente Donald Trump (2025), atentan contra agencias como FEMA y amenazan con el recorte de fondos a universidades.


Y añade otro factor: los retos de la construcción en Puerto Rico, por la falta de mano de obra y el aumento del pago a los obreros de construcción, que subió a $15 por hora a empleados diestros.

“Ahora mismo han habido proyectos, como el de la Lázaro, en que la subasta se tuvo que hacer una segunda vez porque no hubo oferta suficiente. Una subasta se puede tardar 60 o 90 días. Si se tiene que volver a hacer porque se quedó vacía, son tres meses más que se atrasa un proyecto”, menciona.


No se trata, pues, de un tema de plazos incumplidos, aseguran las funcionarias de la UPR, sino de la complejidad inherente a la infraestructura de un Recinto histórico, donde cada decisión y cada paso deben ser cuidadosamente calculados.

Cruz Galarza indica que la construcción tuvo que pasar por dos fases de licitaciones complejas, una para el diseño del proyecto, y otra para la construcción, algo usual en todo tipo de desarrollo de infraestructura.


“[La fase de diseño] incluye fotos aéreas, estudios de humedad con cámaras termográficas, estudios de asbesto y plomo para confirmar que no se requiera una mitigación adicional y hacer los planos para entonces hacer la subasta”, añade Cruz Galarza.


La nueva impermeabilización de los techos, a cargo de la empresa JC Remodeling, Inc., apenas comienza. Tomará alrededor de un año y cuatro meses en completarse, para luego pasar a la fase de sustitución de los sistemas de aires acondicionados y, eventualmente, la remodelación del interior de la biblioteca, que incluirá nuevos usos para algunas de las salas. Esas últimas dos fases están en etapa de diseño por la firma Hacedor: Maker/Arquitectos.


La sala que daba servicio a personas con diversidad funcional en el primer piso de la biblioteca ya no tendrá ese fin. Allí se ubicará el Archivo Universitario, explican las arquitectas.

No habrá una sala especializada para las personas que requieran algún acomodo, pues la idea, detallan, es que se adapten todos los espacios de la biblioteca para que sean inclusivos.


“Según los reglamentos, todos los espacios de servicio de la biblioteca tienen que ser accesibles. Ahora, más que destinar un espacio cerrado o aislado para servicios a personas con diversidad funcional, nosotros partimos de que todas las bibliotecas y todos los servicios que ofrecen tienen que estar accesibles a todas las personas”, destaca Jiménez Montano.


En la Sala de Referencia del primer piso, no obstante, se integrarán dos cabinas para que las personas sordas puedan estar allí con algún intérprete.

Mientras todo esto ocurre, la Biblioteca Lázaro permanecerá abierta y no se prevén más relocalizaciones de servicios o colecciones, estiman las arquitectas.


Son ya las 12:00 p.m. y salgo de la Rectoría. Casi sin darme cuenta, camino de nuevo frente a las puertas de la biblioteca.

La familiaridad del lugar, con su arquitectura imponente, me recibe sin sorpresa, pero esta vez algo en el ambiente es distinto: hay más gente caminando dentro de La Lázaro.


Algunos bajan a ponchar su hora de almuerzo, mientras que otros, quizá por costumbre o por simple eficiencia, recorren ese primer piso de un extremo a otro, acortando el camino del campus, como si la biblioteca no fuera más que un atrecho en su ruta.

Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.

La Lázaro: siete años en sala de espera – Metro Puerto Rico

Estudiantes denuncian inacción de la UPRRP ante inseguridad alimentaria y la falta de vivienda.

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La comunidad estudiantil de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP) denunció la falta de acción de la administración universitaria ante las condiciones precarias que enfrentan cientos de estudiantes.

Según el Centro de Periodismo Investigativo, una de cada cuatro personas en el Recinto ha pasado hambre, el 62% sobrevive con menos de $500 mensuales, y el 9% ha vivido situaciones de sinhogarismo.

A pesar de estas cifras alarmantes, la Universidad ha mantenido cerrada la residencia Torre Norte desde 2018 y recientemente eliminó el Comité de Accesibilidad, Diversidad, Equidad e Inclusión (ADEI), un espacio clave para la protección de comunidades históricamente marginadas dentro del campus.


Ante esto, la comunidad estudiantil convocó a la acción social “Sin Estudiantes, No Hay UPR”, a celebrarse mañana, miércoles, a las 5:00 p. m. en la Plaza de los Vientos.


“La universidad no puede seguir mirando hacia otro lado mientras estudiantes pasan hambre o no tienen dónde dormir”, expresó Valeria Arroyo Ortiz, portavoz de la FETS. “Esta movilización es un llamado urgente a reconocer que el derecho a la educación también implica condiciones de vida dignas”.

Itinerario del evento “Sin Estudiantes, No Hay UPR”:

  • 6:00 p. m. – Caminata solidaria hacia Torre Norte
  • 7:15 p. m. – Cena comunitaria: distribución de 100 platos gratuitos
  • 7:30 p. m. – Toque de bomba y reflexión colectiva
  • 8:00 p. m. – Mensajes de cierre


La actividad es convocada por Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS) en alianza con otras organizaciones como Unión Negra Antirracista (UNA), la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (AETS), la Coalición Estudiantil en Búsqueda de la Equidad (CEBE), el Movimiento Estudiantil de la UPR-RP y otros colectivos estudiantiles. Las organizaciones coinciden en que la crisis actual no es el resultado de eventos aislados, sino de una política estructural de abandono que expulsa al estudiantado a través de condiciones precarias y deshumanizantes.

“Sin techo ni comida no se puede estudiar. No estamos exigiendo lujos, estamos reclamando dignidad”, Franklin J. Mateo Alvarado, portavoz de la FETS.


Jóvenes Deambulantes - Coalición de Coaliciones

UPR elimina comité que atendía temas de accesibilidad, diversidad, inclusión y equidad

Según el documento, la decisión se da “en cumplimiento con la política pública del gobierno de los Estados Unidos”.





02 de abril de 2025


La Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria del 27 de marzo de 2025, con la recomendación del Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad, acordó dar por terminada la encomienda del Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad de la Junta de Gobierno en cumplimiento con la Política Pública del Gobierno de los Estados Unidos”, lee la Certificación 108 (1014-2025).

Más de 50 universidades son investigadas por presunta discriminación racial como parte de la campaña del presidente Donald Trump para poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión que, según sus funcionarios, excluyen a estudiantes blancos y estadounidenses de origen asiático.  


El Departamento de Educación anunció las nuevas investigaciones un mes después de emitir un memorando donde advierte a las escuelas y universidades de Estados Unidos que podrían perder fondos federales por “preferencias basadas en la raza” en las admisiones, becas o cualquier aspecto de la vida estudiantil .  


“Los estudiantes deben ser evaluados según su mérito y logros, no prejuzgados por el color de su piel”, afirmó la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado. “No cederemos en este compromiso”.  

La mayoría de las nuevas indagaciones se centran en las asociaciones de las universidades con el PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de grupos subrepresentados a obtener títulos en negocios con el objetivo de diversificar el mundo empresarial.


Los funcionarios del departamento dijeron que el grupo limita la elegibilidad en función de la raza y que las universidades que se asocian con él “participan en prácticas de exclusión racial en sus programas de posgrado”.


En el grupo de 45 universidades que enfrenta el escrutinio por sus vínculos con el PhD Project están importantes universidades públicas como la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Estatal de Ohio y Rutgers, junto con prestigiosas escuelas privadas como Yale, Cornell, Duke y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

Hasta el momento, un mensaje enviado al PhD Project no ha obtenido respuesta. 

Otras seis universidades son investigadas por otorgar “becas basadas en la raza que son inadmisibles”, indicó el departamento, y una más está acusada de llevar a cabo un programa que segrega a los estudiantes en función de la raza.  


 

Las siete instituciones educativas bajo investigación son la Universidad Estatal de Grand Valley, el Ithaca College, el New England College of Optometry, la Universidad de Alabama, la Universidad de Minnesota, la Universidad del Sur de Florida y la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulsa.  

El departamento no indicó cuál de ellas era investigada por acusaciones de segregación.  


El memorando que el gobierno republicano de Trump envió el 14 de febrero fue una amplia expansión de una decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohíbe que las universidades utilicen la raza como un factor en las admisiones..  

Esa decisión se centró en las políticas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, pero el Departamento de Educación dijo que interpretará la decisión para prohibir políticas basadas en la raza en cualquier aspecto de la educación, tanto en escuelas de educación primaria y secundaria como en educación superior.


En el memorando, Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, señaló que los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de las escuelas y universidades han “introducido estereotipos raciales y una conciencia racial explícita en la capacitación, programación y disciplina cotidianas”.


El memorando está siendo impugnado en demandas federales presentadas por los dos sindicatos de maestros más grandes del país. En dichas demandas se afirma que el memorando es demasiado vago y viola los derechos de libertad de expresión de los educadores.


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OPINION


Aunque la Certificación 108 tiene fecha del 31 de marzo, la determinación se tomó en la reunión ordinaria de la Junta de 

Gobierno de la UPR del 27 de marzo 2025.(tonito.zayas@gfmedia.com)


Son bien afirmativos al momento de seguir las ordenanzas del Presidente Trump.  Pero si así de rápido ejercieran para atender los asuntos que afectan la UPR, los problemas de infraestructura, y los malos manejos de los fondos, 

los problemas de la facultad y los estudiantes, las cosas serían otro cantar.  Una administración universitaria que es inducida por la política partidista y que responde a las órdenes de los jerarcas que la controlan,  Muy poco se puede hacer para atender los graves problemas que padece. 


Recortes de presupuesto en la UPR provocan cambios en la Facultad de Ciencias Naturales de Río Piedras   La decana de Naturales fue destitui...