Tiempo de urgentes cambios en la UPR
por Héctor José Huyke Souffront y Jorge L. Colón Rivera
PUBLICADO: 10 DE ENERO DE 2020
Trasfondo
En 1994, en un artículo hoy más que nunca apropiadamente titulado “Universidad: tiempo de urgentes cambios”, el fenecido profesor de ciencias políticas, Milton Pabón, demostraba “que la Ley Universitaria de 1966 no resiste enmiendas o parches ni tolera ya la llegada de administradores ‘liberales’ bien intencionados.”[1] El artículo salió poco después de la publicación de un discurso suyo de 1993 titulado “Universidad: libertad y autogobierno” en ocasión de recibir el título de Profesor Emeritus. En ese discurso advertía sobre la reforma universitaria de 1966 que “Ofuscados por la distribución interna del poder, y por actitudes personalistas, cometimos el error de gestionar una reforma estrictamente jurídica, sin compromiso, ni consenso…”[2] Los artículos del profesor Pabón se publicaron durante los días en que se debatían los cambios provocados por el gobierno de Pedro Rosselló al crear una Junta de Síndicos para gobernar separadamente a la UPR del resto de las instituciones de educación superior en Puerto Rico. La medida en sí misma podría ser algo positivo para la educación superior puertorriqueña. Según Pabón, no obstante, era otra movida en una larga historia de “la voracidad de los partidos por el poder.”1 Tras los cambios, la Universidad, una vez más, se convertía en “un apéndice auxiliar de un proyecto político” de adueñarse del patronazgo de la Universidad colocando a los amigos en los puestos claves.1
Argüía el profesor que esa medida gerencial del gobierno de turno era otro parche. Se requerían con urgencia cambios fundamentales para que la Universidad pudiera cumplir su misión. “La Universidad requiere urgentemente un nuevo estatuto universitario que coloque en primer plano el modelo democrático de organización, y que emane, no de las propias esferas gobernantes, que están en entredicho, sino de la voluntad de los constituyentes, o comunidades académicas respectivas.”1 Según el Profesor Emeritus, jamás debemos perder de vista que el “contenido mismo del quehacer universitario… radica en la evaluación y revisión continua de los programas de estudio,”
Milton Pabón, “Universidad: tiempo de urgentes cambios”, Diálogo, enero 1994, páginas 14-15, ver https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/di_logo_ene_1994
Pero esa evaluación y revisión continua de los programas de estudio requería con urgencia una nueva ley orgánica que fuera producto de los mismos universitarios y estuviera basada en un modelo democrático de organización. La aprobación de una nueva ley orgánica que garantice ese modelo para la UPR es tan urgente hoy como en el 1994.La intervención causada por “la voracidad de los partidos por el poder”, ha ocurrido en la Universidad desde sus comienzos y continúa hoy en día. En meses recientes vimos en medios noticiosos como personas activas en la política partidista que en un pasado tuvieron posiciones de liderato en la gobernanza de la Universidad han sido señaladas y encausadas por actos ilegales que implican la apropiación y malgasto de fondos públicos de la UPR. Como bien indican documentos claves de la agencia acreditadora “Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE), la intervención político partidista “presenta una amenaza a” la “libertad y efectividad” de las universidades.[3] Un robusto distanciamiento de los partidos políticos es de particular importancia en la universidad pública puertorriqueña para que esta pueda estudiar críticamente todos los aspectos de la vida y el rumbo del país, y proponer alternativas y soluciones innovadoras. La intervención indebida también trastoca la verdadera rendición de cuentas, y promueve ineficiencias y burocracia innecesaria. Es por ello que uno de los principios de administración pública establece que las corporaciones públicas requieren protección “de los efectos negativos de las luchas de poder entre los grupos políticos (partidos) en contienda por el control de la administración del Estado; es decir, evitar que pudieran ser utilizadas por el Gobierno de turno como herramientas de patronato político para beneficio partidista y sectorial. La teoría de administración pública que legitima la autonomía de las corporaciones públicas se apoya en un principio básico de los sistemas democráticos: limitar lo más posible el uso (y abusos) del poder político.”[4]
Sin embargo, la intervención político-partidista ha estado presente en nuestra universidad pública desde que abrió sus puertas oficialmente el 12 de marzo de 1903 tras aprobarse la Ley que funda la Universidad de Puerto Rico.[5] En sus comienzos la Universidad estuvo dirigida por el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, nombrado por el Presidente de Estados Unidos, quien fungía como presidente de la Junta de Síndicos y Rector (“Chancellor”) de la UPR. La Junta de Síndicos tenía once (11) miembros, cinco (5) nombrados por el Presidente de Estados Unidos (el Gobernador de Puerto Rico, el Comisionado de Instrucción, el Procurador General, el Secretario de Puerto Rico y el Tesorero de Puerto Rico), el Portavoz (Speaker) de la Cámara de Delegados y cinco (5) otros miembros nombrados por el Gobernador, quien también tenía potestad de cubrir cualquier vacante que surgiera. Por lo tanto, los líderes políticos del país, nombrados por el Presidente de Estados Unidos o por el Gobernador, eran quienes tomaban las decisiones en la Universidad, incluidas los nombramientos de autoridades universitarias, a tenor con consideraciones más políticas que académicas.
