Presidente UPR hizo traslados al garete para su personal de confianza, incluyendo chofer.
Así lo concluyó una auditoría interna entregada en diciembre al presidente de la Junta de Gobierno del sistema universitario estatal.
Una auditoría interna ordenada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) concluyó que el presidente de la institución académica, Luis A. Ferrao, realizó cuatro traslados para su equipo de confianza que fueron deficientes en su solicitud y justificación, que no contaban con las asignaciones presupuestarias requeridas, ni tenían la evaluación y recomendación de la Oficina de Recursos Humanos de la Administración Central (AC).
Así se desprende del documento con fecha del 20 de diciembre del 2024 al que Metro Puerto Rico tuvo acceso. La comunicación dirigida al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Emilio Colón Beltrán, se titula “OAI-2025-09: EVALUACIÓN SOBRE TRASLADO DE PUESTOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL”.
La auditoría surge por preocupaciones planteadas previamente en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR sobre traslados de personal a la AC. Específicamente se analizan traslados realizados para ocupar las posiciones de director ejecutivo de la Oficina del presidente, director de Presupuesto de la AC, administradora de proyectos y conductor del presidente.
“Nuestra evaluación del proceso de traslados para estos puestos reflejó incumplimiento con la reglamentación aplicable. La reglamentación requiere que los traslados dentro del sistema universitario se realicen a base de un sistema de mérito con criterios objetivos, y enfatiza que deben estar enfocados en las necesidades de la institución. En ninguno de los casos se justificó la necesidad institucional, las tareas a realizar, ni se especificaron las oficinas en las que se ubicarían los empleados de los puestos trasladados. Esto, a pesar de que la reglamentación establece que, de requerirlo así los intereses universitarios, el traslado se podrá hacer de un puesto a otro en la misma clase o en otra clase similar para la cual se haya asignado una retribución”, detalla el documento.
Se concluye que el presidente de la UPR aprobó los traslados sin solicitar asesoría a la Oficina de Recursos Humanos de la AC y que cuando esta oficina supo de las transacciones de personal, le advirtió a Ferrao que las comunicaciones emitidas por los rectores carecían de información necesaria y relevante para proceder con el trámite. Además, se señala que no existía evidencia de haber consultado con la autoridad nominadora de la unidad de origen antes de autorizar los traslados. “El presidente de la UPR notificó luego a los rectores sobre su determinación”, se detalla en la auditoría.
Según los auditores, las situaciones encontradas denotan falta de planificación. De hecho, los expedientes de personal de los empleados no docentes trasladados no fueron transferidos a la AC. “Tampoco se completó una Notificación de cambio ni se preparó una certificación de disponibilidad de presupuesto para estas transacciones. Por lo tanto, podemos inferir que las transacciones no se completaron y carecen de fecha de efectividad”, lee el informe.
Los auditores destacan que surge una apariencia de conflictos de interés, “ya que los cuatro empleados actualmente ocupan puestos de confianza, tres de ellos en la Oficina del presidente, y no sus puestos de carrera para los cuales se solicita el traslado”.
