La UPR ya no puede con el empuje de la austeridad

Profesores, investigadores, estudiantes y economistas advierten que el Plan de Ajuste de la Deuda puede significar el jaque mate a la educación superior pública. 18 de noviembre 2021 El Departamento de Biología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) es la unidad académica más grande del Sistema UPR, con una matrícula de 1,123 estudiantes. Sin embargo, sólo cuenta con 26 profesores permanentes, cuando llegó a tener 40 en el 2000, aseguró su director, Tugrul Giray, quien desde al menos el 2017 está preocupado por la calidad de la enseñanza allí. “Los cursos van a desaparecer, y están desapareciendo. Por ejemplo, teníamos un curso de anatomía humana que se ofrecía en dos partes, dos semestres, y tenían dos secciones de laboratorio, con disección de animales, etcétera. Ese curso ya no se está ofreciendo”, planteó Giray en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Para el 2012, su departamento llegó a ofrecer 34 cursos a nivel subgraduado, 11 más que la oferta académica actual. A pesar de los recortes, el Departamento de Biología, con un presupuesto de $2,789,804 para el año fiscal 2021 produjo sobre 100 publicaciones científicas desde 2017 y generó $76,741,046 en subvenciones (grants) activas desde ese mismo año, más $95,896,276 que tiene en curso, pendientes de desembolso.  Las aportaciones de ese departamento son tangibles e intangibles. Por ejemplo, las investigaciones del profesor Paul Bayman que lograron controlar la plaga del escarabajo barrenador contribuyeron a que podamos tomar una taza de café puertorriqueño; profesores de este y otros departamentos de la Facultad de Ciencias Naturales se unieron para advertir sobre los daños que la aspersión del insecticida Naled hubiera provocado tanto en la salud de la población como en la biodiversidad del país; y también educaron contra el gasoducto llamado Vía Verde con el que la administración Fortuño pretendía atravesar el centro de la Isla. Además, un equipo de profesores del Departamento de Biología liderado por el Dr. Riccardo Pappa y subvencionados por el National Institutes of Health (NIH) y el Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, se encuentran caracterizando el genoma del virus del COVID-19. El Departamento de Biología es sólo una muestra de la realidad que se repite en mayor o menor magnitud en los demás departamentos y facultades de los recintos universitarios a causa de la reducción de fondos para la universidad pública, como consecuencia de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF), que se reflejan en la pérdida del profesorado, la desaparición de cursos y acreditaciones — como sucedió con el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas —, y en la calidad de la enseñanza, disminuyendo la competitividad del país y las posibilidades de producción en investigación y desarrollo que pueden contribuir al producto nacional bruto. La acreditación del doctorado en Trabajo Social también corre peligro, según afirmó la presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPRRP, Fabiana Marini Martínez, en una carta al congresista Raúl Grijalva. La estudiante de cuarto año en Biología y Derechos Humanos concurre con el Dr. Giray sobre los efectos nocivos de los recortes en la calidad educativa. “En el Departamento de Biología, que es del que vengo, en los laboratorios virtuales uno aprende, pero uno no va a la práctica. Nosotros no vamos a estar haciendo laboratorios virtuales toda la vida. Vamos a ser médicos, vamos a ser investigadores, vamos a entrar al campo de la salud pública, tenemos que tener esa práctica, tenemos que tener ese conocimiento y esas destrezas que se traducen a futuras destrezas y conocimientos directamente en el ámbito laboral, y no tener esa oportunidad es sumamente peligroso”, advirtió Marini Martínez. La JCF redujo la asignación del Fondo General para la UPR de $911 millones en 2017 a $466 millones para el año fiscal 2022, reseñó el Centro para una Nueva Economía (CNE). Además, en la última certificación de presupuesto quedó establecido que, “cualquier cambio en la redistribución presupuestaria que requiera la unidad, deberá solicitar autorización a la Junta de Supervisión Fiscal y a la Junta de Gobierno, a través de la Oficina Central de Presupuesto”. “¿Cómo tú me vas a decir a mí que la Junta de Control Fiscal también quiere manejar cómo se mueve el dinero dentro de un recinto? Estás entorpeciendo los trabajos de los recintos cada vez más, con los recortes, con la dependencia en los fondos federales, con esas políticas de control de economía interna”, cuestionó Marini Martínez. El Sistema UPR ha asumido sobre una veintena de medidas de control de gastos y ahorros para cumplir con los designios de la Junta desde el 2017, que incluyen la reducción de 5% en la paga del personal docente y no docente a tarea parcial y por contrato. El mismo porcentaje se redujo para los pagos de bonificaciones por funciones administrativas. De igual modo, los salarios del personal de confianza se redujeron 3% y se eliminaron los pagos por exceso de licencias acumuladas, incluyendo licencias por enfermedad. Otros beneficios laborales reducidos incluyen $95 menos a la aportación mensual para plan médico y la reducción del bono navideño en casi 50%. También se eliminó el presupuesto asignado para plazas vacantes. Por el lado de los estudiantes, aumentaron los costos de matrícula y redujeron o eliminaron las exenciones de matrícula. A este panorama se suma el Plan de Ajuste de la Deuda que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, el cual establecería una aportación anual a la UPR de sólo $500 millones anuales hasta el 2027. Para el Dr. José Agosto, profesor e investigador del Departamento de Biología en Río Piedras, el plan significa el “jaque” a la UPR. “Llevamos en los últimos años haciendo de tripas corazones. Ahora vamos a tener el recorte grande, ese es el jaque”, sentenció Agosto. No sólo se trata de menos profesorado sino que, “hace más de 10 años no se reclutan plazas administrativas, ni docentes, ni técnicos. Soy el coordinador de los laboratorios de genética y había una técnica que hace como cuatro años se retiró. No me reemplazaron a esa persona. Nos dan una persona por contrato de seis meses, máximo un año, la paga es bien baja y los requerimientos y las responsabilidades son bien altas. Llevo cuatro técnicos desde ese retiro. Teníamos antes más de doscientas líneas transgénicas de moscas, que se utilizaban para la parte de enseñanza y para la investigación. Todas se perdieron entre el cambia y cambia”, contó Agosto. Entre 2015 y 2021 el departamento perdió el 62% de los técnicos por contrato. El panorama en el Departamento de Ciencias Ambientales de la UPRRP es similar al de Biología. La catedrática Elvia Meléndez Ackerman explicó al CPI que este departamento “es el tercero más grande de la Facultad de Ciencias Naturales, pero se está quedando sin profesores y ya se quedó sin personal administrativo”. Actualmente, sólo cuenta con ocho profesores permanentes, de quienes la mitad se puede retirar el próximo año, para una matrícula de 389 alumnos. Aún con todas estas limitaciones, los investigadores de Ambientales con puestos permanentes recibieron fondos de 39 subvenciones que sumaron más de $21 millones entre 2015 a 2020. Tampoco dejaron atrás el trabajo creativo, con 184 publicaciones y 218 presentaciones de sus trabajos en y fuera del país. Y recientemente, el Departamento recibió una asignación de $975,314 por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el proyecto “Puerto Rico Natural Resource Career Track: New Frontiers and New Collaborators”, que provee a futuros científicos y gerentes de instalaciones científicas conocimientos en varias disciplinas que les permitirán identificar nuevas formas para manejar los recursos naturales en los cambiantes escenarios globales. Los salarios de docentes y no docentes de Ciencias Ambientales han ido en picada desde el 2019. En el caso de las ayudantías, la baja comenzó desde 2017, con un alza en 2021 que Meléndez Ackerman atribuye a los fondos otorgados por la emergencia de la pandemia, “y hoy me informaron que el presupuesto para materiales para el Departamento es cero. Esto no pare más. Es imposible graduar estudiantes en cuatro años sin profesores que den los cursos medulares regularmente”. “Todo el mundo en la universidad tiene un desgaste y eso no es productivo para ninguna de las partes, ni tan siquiera para el país. Cuando estamos en esos portones exigiendo cursos presenciales es porque para entrenar a la clase trabajadora del país, y producir conocimiento, si no se va a volver presencial, más con los recortes presupuestarios” esta misión no puede ser cumplida, planteó Marini Martínez sobre la huelga que mantienen en la UPRRP. Un análisis reciente del investigador asociado del CNE, Raúl Santiago Bartolomei, advirtió que “los recortes propuestos por la Junta probablemente reducirán la producción total de investigación y desarrollo en Puerto Rico, harán que el archipiélago sea cada vez menos competitivo, y condenarán al fracaso cualquier política seria de desarrollo industrial y económico enfocada en fomentar actividades de alto valor añadido”. Marini Martínez entiende que estos recortes empeoran la crisis económica del país. “La universidad es un motor de desarrollo socioeconómico. Es real, no es una frase bonita. Estás pagando una deuda ilegal que no le debería corresponder a la Universidad de Puerto Rico, y estás buscando pagarla sin tener el centro donde tú desarrolles tu economía y tu sociedad. Aparte de contradictorio, es una cosa que no tiene sentido”, concluyó. Para el año fiscal 2022, se proyecta un déficit presupuestario consolidado de $41 millones en la UPR que habrá de sufragarse con sobrantes de caja de años anteriores. No sería la primera vez que esto sucede. Durante los pasados tres años fiscales se utilizaron $157,617 de las reservas en caja para la operación, según se desprende del último memorial de presupuesto. En el Senado se intentó legislar una financiación pública adecuada para la UPR, “establecida por Ley como un por ciento fijo de los recaudos del Estado”, pero la iniciativa fue derrotada por un voto. Centro de Periodismo Investigativo por TATIANA DÍAZ RAMOS 18 de noviembre 2021 https://periodismoinvestigativo.com/2021/11/la-upr-ya-no-puede-con-el-empuje-de-la-austeridad/

“Cerrar recintos no es la solución”

------- Mientras los distintos sectores de la comunidad alertan sobre la precariedad con la que se pretende obligar a operar a corto y largo plazo a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y estudiantes en múltiples recintos han decretado paralizaciones en el contexto de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), representantes de los grupos lamentan lo que perciben como un abandono gubernamental hacia el principal centro docente del país. --------Desde la perspectiva administrativa, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, colocó la responsabilidad de los “drásticos” recortes de los pasados cuatro años sobre los hombros de la JCF, más que en el gobierno, al tiempo que advirtió que los paros y huelgas estudiantiles afectan la “funcionalidad” del sistema. “Creo que hemos visto la poca importancia que tiene la Universidad tanto para la rama ejecutiva, desde el gobernador Pedro Pierluisi, y la poca importancia que tiene desde la rama legislativa. Lo vimos en todo este proceso de la legislación del Proyecto (de la Cámara, PC) 1003, donde, prácticamente, (la intención) es darle migajas a la Universidad y que sobreviva como pueda”, planteó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR. Rivera Velázquez aludió a la medida legislativa que se convirtió en la Ley 53-2021, que habilitó la emisión de bonos requerida en el PAD del gobierno central, en la que se incluyó una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el 2027. Aunque dicha cantidad sería mayor que los $407 millones que el gobierno central aporta desde el fondo general en el presente año fiscal, es sobre $300 millones menos de lo que recibía la UPR bajo la antigua fórmula del 9.6 % del presupuesto y muy por debajo de lo que los distintos sectores universitarios consideran debe recibir la institución para cumplir con su misión académica. Para Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, incluso dicha asignación corre el riesgo de convertirse en un tope fijo que limitaría la posibilidad de que la UPR acceda a otros fondos que ha continuado recibiendo, como las mesadas de los recaudos por juegos de azar y Lotería Electrónica, que representan decenas de millones de dólares anuales. Si bien la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz –quien no estuvo disponible para entrevista al cierre de esta edición–, sostuvo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que la UPR continuaría recibiendo otras asignaciones especiales además del presupuesto base de $500 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se ha expresado al respecto. “Nosotros en Río Piedras tenemos la mayor parte de las clases a distancia, por lo tanto, no nos estamos afectando. El recinto continúa el trabajo a distancia, las clases a distancia, pero lo ideal de una universidad es que esté abierta y haya acceso libre a sus bibliotecas, a sus museos. Entiendo los reclamos de los estudiantes, y uno se reúne con ellos y es impresionante… No puede uno menos que coincidir en ese reclamo de mayor presupuesto y que no se afecte la (estabilidad) presupuestaria de la Universidad. Pero cerrando recintos no es la solución, aun cuando uno coincida con ellos. Lo que está a mi alcance, que ellos me están solicitando, lo vamos a cumplir”, dijo Ferrao Delgado, quien aludió a las directrices para que a partir de enero al menos la mitad de las clases regresen al formato presencial y para que se amplíen los horarios de apertura de las bibliotecas. “Ahora mismo no tenemos unas facilidades físicas para nuestra facultad y eso nos está afectando de una manera bien grave. No tenemos las mismas oportunidades de otras facultades de poder reunirnos, con todo el equipo y los recursos”. Andi Estudiante Facultad de Comunicación e Información. En el recinto riopedrense, cuyos estudiantes celebraban ayer una asamblea general, el recorte presupuestario ha sido de $71 millones respecto al año fiscal 2017. “Esto ha afectado la funcionalidad. Claro, nosotros mantenemos el recinto funcionando, pero es un recorte de dinero muy grande. Aun cuando se hacen los ajustes, y hay que hacerlos, en cuatro años ha sido un recorte bastante drástico de la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó Ferrado Delgado, al indicar que el recinto ha mitigado parcialmente las reducciones a través de fondos externos, como las subvenciones para propuestas de investigación o iniciativas de educación continua. Mientras Ferrao Delgado sostuvo que la UPR deberá repensar su enfoque ante la baja en la matrícula estudiantil, que atribuye principalmente a la reducción en la población joven en el país, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera, argumentó que el problema trasciende el elemento demográfico. De acuerdo con el plan fiscal de la JCF, de un pico de 65,699 estudiantes matriculados en el 2010, la cifra había bajado 47,557 para este año, una merma de 28 % en poco más de una década. “En el recinto de Cayey, la rectora planteó que tenía la capacidad de infraestructura para 6,500 estudiantes (pero) solamente atendemos 2,400. No podríamos atender 6,500, no porque no tendríamos donde ubicarlos porque no haya salones o recursos de infraestructura, (sino) porque no tenemos profesores para atender 6,500 estudiantes”, dijo Rodríguez Rivera, quien señaló que aproximadamente el 47 % de los docentes a nivel sistémico no tienen una plaza permanente. Para Rodríguez Rivera, al restar recursos fiscales a la UPR, el gobierno desaprovecha el potencial de los 11 recintos como eje de actividad económica en sus municipios, así como las posibilidades comerciales que representa el componente de investigación y desarrollo dentro del quehacer académico. El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, aseguró que la UPR ocupa un rol fundamental dentro de la visión del gobierno, pero alertó que, para poder cumplir con su papel, requiere de transformaciones mayores. “Las universidades privadas hoy existen posiblemente con mayor fuerza y relevancia que la universidad pública, no por el hecho de que sean mejores, es por el hecho de que son más ágiles. El primer gran reto que tiene la Universidad para llegar a lo que finalmente te voy a decir es cómo la Universidad se deja de comportar como una agencia de gobierno, porque no es una agencia de gobierno. Es el centro docente educativo más importante del país, quien debe de erigirse custodio y hacedor de la política social y económica del país”, dijo Cidre. Para el secretario del DDEC, la fórmula de futuro estriba en la especialización de las 11 unidades académicas y que el Recinto de Río Piedras se convierta en “el centro de investigación y desarrollo de Puerto Rico”. “Los colegios regionales (serían) satélites que nutran esa investigación y desarrollo con pericias particulares. Por ejemplo, yo asignaría el área de Utuado a ciencias agrícolas, incluyendo la escuela veterinaria de Puerto Rico, que tanta falta nos hace”, ejemplificó Cidre. Entretanto, la UPR y sus recintos continúan lidiando con las interrogantes sobre el reclutamiento de la plantilla docente, el deterioro de la planta física –exacerbado desde el huracán María–, los recursos bibliotecarios y de investigación y el regreso escalonado a clases presenciales. “Muchos recintos se han podido moldear a la pandemia, como el recinto de Carolina, donde muchos de sus salones ya pueden dar clases de manera híbrida, porque en la infraestructura se han movido. Algunos recintos se han movido hacia eso pero otros no lo han hecho o lo han hecho de manera lenta y es por eso que no han podido, en su mayoría, regresar de manera presencial. Creo que la Universidad sí tiene los planes, pero hay una falta de presupuesto y muchos de los fondos federales se han atrasado, y eso atrasa toda la infraestructura mayormente tecnológica de la Universidad”, afirmó Rivera Velázquez. https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/11/04/upr-abandonada-a-su-suerte.html

UPR: ¿Abandonada a su suerte?

Mientras los distintos sectores de la comunidad alertan sobre la precariedad con la que se pretende obligar a operar a corto y largo plazo a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y estudiantes en múltiples recintos han decretado paralizaciones en el contexto de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), representantes de los grupos lamentan lo que perciben como un abandono gubernamental hacia el principal centro docente del país. “Creo que hemos visto la poca importancia que tiene la Universidad tanto para la rama ejecutiva, desde el gobernador Pedro Pierluisi, y la poca importancia que tiene desde la rama legislativa. Lo vimos en todo este proceso de la legislación del Proyecto (de la Cámara, PC) 1003, donde, prácticamente, (la intención) es darle migajas a la Universidad y que sobreviva como pueda”, planteó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR. Rivera Velázquez aludió a la medida legislativa que se convirtió en la Ley 53-2021, que habilitó la emisión de bonos requerida en el PAD del gobierno central, en la que se incluyó una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el 2027. Aunque dicha cantidad sería mayor que los $407 millones que el gobierno central aporta desde el fondo general en el presente año fiscal, es sobre $300 millones menos de lo que recibía la UPR bajo la antigua fórmula del 9.6 % del presupuesto y muy por debajo de lo que los distintos sectores universitarios consideran debe recibir la institución para cumplir con su misión académica. “Lo más que me preocupa es que cierren los recintos y nos quedemos sin educación pública porque ese es el fundamento de un país, de cualquier sitio. Si nos siguen quitando esa educación, y ya estamos mal, terminaremos mucho peor. Yo creo que si los estudiantes nos unimos y podemos estar de acuerdo en lo que queremos y metemos presión, podemos movilizar las cosas a que cambien”. Natalia Fontánez Estudiante Facultad de Ciencias Naturales. Para Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, incluso dicha asignación corre el riesgo de convertirse en un tope fijo que limitaría la posibilidad de que la UPR acceda a otros fondos que ha continuado recibiendo, como las mesadas de los recaudos por juegos de azar y Lotería Electrónica, que representan decenas de millones de dólares anuales. Si bien la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz –quien no estuvo disponible para entrevistaal cierre de esta edición–, sostuvo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que la UPR continuaría recibiendo otras asignaciones especiales además del presupuesto base de $500 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se ha expresado al respecto. El gobernador Pedro Pierluisi insistió el miércoles en que la partida de $500 millones es un paso correcto para la institución. “No deben ver los $500 millones al año como algo estático o permanente. Al revés, tienen que verlo en el contexto de que ya los recortes eran mayores… Deben verlo como un buen paso para mejorar sus finanzas y que cumpla su cometido”, comentó el ejecutivo a su salida de un evento oficial en el Centro de Convenciones en Miramar. La JCF, que no ha enmendado su plan fiscal para reflejar las concesiones que habría hecho durante las negociaciones por el PC 1003, ya ha interpretado otras disposiciones de la Ley 53 de manera contraria a los objetivos expresados por los líderes electos. Metro solicitó una entrevista con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, pero la funcionaria no estuvo disponible. “A pesar de que (la UPR) no es una prioridad para el gobierno, sí lo es para el país. Creo que lo vimos en las manifestaciones que se dieron en el Capitolio en las pasadas semanas, donde juntos, entre la comunidad universitaria y el sector sindical del país, pudimos, en cierta medida, hacer que muchos legisladores entraran en razón, que al final del día sabemos que el proyecto se aprobó por un voto, y el propio partido de mayoría en el Senado perdió votos (de legisladores) que habían votado originalmente a favor. Creo que está surtiendo efecto lo que se ha realizado en las últimas semanas”, afirmó Rivera Velázquez, quien opinó que es hora de “enfilar los cañones” hacia el Congreso y el gobierno federal. https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/11/04/upr-abandonada-a-su-suerte.html

¿Qué era el proyecto Crece 21?

¿Qué era el proyecto Crece 21?    -Te contestamos 10 preguntas sobre este caso de despilfarro de fondos públicos en el que se le radicaron cargos a tres exrectores de la UPR.- El polémico caso sobre el despilfarro de fondos del programa Crece 21 se acerca a su desenlace, con la sentencia esta mañana del exrector de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey Juan Varona Echeandía a 270 días de probatoria. 

 https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/que-era-el-proyecto-crece-21/ 

Cámara de Representantes engavetó investigación sobre CRECE-21-  

El Departamento de Justicia radicó 236 cargos a diez funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) involucrados en un esquema de fraude por el proyecto CRECE-21, el pasado lunes. Sin embargo, este proceso pudo haber sido atendido hace más de un año si la Cámara de Representantes no hubiera engavetado la orden de investigación al proyecto. 

 La orden provenía de la Resolución de la Cámara 951, con fecha del 23 de abril de 2014, de la autoría de los representantes populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal Albelo y Brenda López de Arrarás ; [los tres fueron derrotados y botados de la legislatura en las elecciones de 2020]. 

La medida buscaba investigar la administración, operación y manejo de fondos de CRECE-21, proyecto que buscaba adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento. “[La resolución] no fue atendida. Pasó internamente por muchos procesos administrativos. Han habido muchos escollos en el proceso. 

"Cuando me dan esa comisión, me la dan por unas controversias políticas internas del caucus de la mayoría”, expresó el representante José Báez a Diálogo.

UPR: Un punto en el tejido de la corrupción

CLARIDAD gvazquez@claridadpuertorico.com Los seis arrestados por corrupción y el escandaloso chat han expandido el margen de incertidumbre financiera experimentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos años. Situación que se ha agravado progresivamente desde los años 90. La irresponsabilidad de esta claque gobernante ha quedado al descubierto, el chat “ha sido la chispa que incendió ese gigantesco malestar acumulado por años y los jóvenes son quienes han levantado al país en contra de la corrupción y la Junta de Control Fiscal (JCF)”, dijo el profesor retirado de la UPR, Félix Córdova. Córdova, explicó brevemente una red de corrupción relacionada a los dos asuntos mencionados al principio y que afecta directamente a la UPR. Mientras la administración universitaria ofrece jugosos contratos a compañías recién incorporadas, son los estudiantes, empleados y profesores quienes pagan las consecuencias del saqueo y el mal manejo de fondos públicos. “La UPR no está ajena al chat de Telegram”, dijo por su parte la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No- Docentes, Jannelle Santana. La líder sindical expresó que la UPR estaba dentro de la “destrucción” conspirada por Ricardo Rosselló y sus brothers en las conversaciones. “Allí salió a relucir la verdad sobre Hamilton y los insultos hacia los estudiantes, dejando claro que estas personas no tenían ningún interés en salvaguardar la UPR”, añadió. Santana, alegó que los responsables principales de los aumentos en la matrícula y los recortes son el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), Walter Alomar, y la vicepresidenta, Zoraida Buxó. “Los recortes más grande de presupuesto vinieron del ejecutivo, no de la JCF. El ente federal no hace planes fiscales, quien hace el Plan Fiscal es la JG-UPR, que a su vez responden al Ejecutivo”, explicó. Buxó, fue nominada por Rosselló a la JG-UPR en 2017. La vicepresidenta contrató a la firma de consultoría y contabilidad BDO para “bregar” con el sistema de retiro de los empleados docentes y no-docentes de dicha institución. BDO Puerto Rico es uno de los nexos en la red de corrupción esbozada por Córdova. Fernando Scherrer, presidente de la firma de contabilidad que tenía contratos con varias agencias gubernamentales, fue uno de los 6 arrestados el pasado miércoles 10 de julio. Además, destacó la relación de Carlos García, miembro actual de la JCF, y la situación actual “por lo tanto unimos gobierno y Junta. Son dos aparatos corruptos los que están gobernando sobre Puerto Rico” Pero el vínculo no solo se reduce a García, Alberto Velázquez Piñol trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló como subdirector ejecutivo de administración y finanzas de la Compañía de Turismo. Corporación que entonces dirigía Fortuño. Cuando Fortuño ganó la gobernación en 2009, Velázquez Piñol fue designado como administrador del Departamento de Educación y director de la oficina del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en Nueva York. Quien dirigía el BGF en ese entonces era García. Velázquez Piñol, fue uno de los arrestados junto Scherrer, Julia Keleher, Ángela Ávila y las hermanas Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza. BDO mantuvo contratos millonarios principalmente entre el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). “Tanto Buxó como Walter Alomar (presidente de la Junta de Gobierno de la UPR), son parte de la red de corrupción y tienen que renunciar también”, sentenció el profesor Córdova. Buxó, es socia de la firma de cabilderos World Professional Group, creada por Carlos López López en 2009. López, es además abogado socio en la firma bipartita Wolf Popper LLP, que aguarda vínculos con educación y de la cual formaba parte Elías Sánchez. Por otra parte, el presidente de la JG-UPR ha mantenido contratos dudosos con el gobierno mediante la compañía DBPR Legal LLC. Entre los entes gubernamentales figura la Compañía de Turismo, la Junta de Planificación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Esta última se encarga de hacer los planes fiscales del primer centro docente del país. “Si estas personas respondían y estaban protegidas por el ejecutivo ¿cuáles son los nexos entre Buxó y Elías, que trabajaban juntos para un mismo bufete?”, cuestionó Santana. Además, mencionó que, por ejemplo “los correos electrónicos trabajan con la plataforma de Gmail y ahora vamos a emigrar a Microsoft”. “Hemos sido víctima del saqueo y la mala administración de fondos públicos; contrataciones de compañías que solo llevan incorporadas 8 meses y se están ganando miles de dólares para dar supuestamente adiestramientos en la universidad cuando la administración cuenta con la tala de profesionales para ofrecerlos”, añadió Santana.

La Corrupción en la UPR -Justicia destapa ola de corrupción en la UPR

En otro acto de corrupción y malversación de fondos públicos, el Departamento de Justicia anunció la radicación de 263 cargos contra diez funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) involucrados en un esquema de fraude a través del proyecto CRECE-21. Entre los acusados se encuentran los exrectores Juan Ramírez Silva (UPR en Arecibo), Juan Varona Echeandía (UPR en Cayey) y la exrectora de la UPR en Utuado, Yanaira Vázquez Cruz, todos funcionarios entre 2011 y 2012. La estafa se dio “mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros”, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Según Justicia, los gastos incluían “servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros”. De esta manera, la entidad gubernamental estima que los acusados se apropiaron de $73 mil en fondos públicos, en hechos ocurridos entre junio de 2011 y noviembre de 2012. El doctor Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo, enfrenta cargos por “fraude, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, utilización indebida en servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, señala el comunicado. Al doctor Varona, por su parte, se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Según la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, Varona ha sido un donante fijo del Partido Nuevo Progresista desde el 2012. Donaciones de Varona Por otro lado, la doctora Vázquez Cruz, enfrenta cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Antes de asumir la rectoría de la UPR en Utuado el 26 de diciembre de 2011, Vázquez Cruz fue subdirectora de la Oficina del Gobernador para las Iniciativas de Fe y Base Comunitaria cuando era liderada por el pastor Aníbal Heredia. Más adelante, se desempeñaba como ayudante especial del entonces presidente de la UPR, el doctor Miguel Muñoz Muñoz, bajo quien se desarrolló el proyecto CRECE-21. Diálogo intentó comunicarse con Muñoz Muñoz, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Antes de abandonar su puesto como rectora, la Oficina del Contralor de Puerto Rico encontró que Vázquez Cruz intentaba realizar transacciones ilegales de personal en la universidad en violación a la veda electoral. “Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario del departamento, César Miranda. De hecho, en el 2014 la Junta de Gobierno de la UPR hizo señalamientos sobre aparentes irregularidades en el año fiscal 2011-2012 y ordenó una investigación interna. “La Junta de Gobierno de la UPR solicitó a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) en abril de 2014 que realizara una auditoría del programa CRECE-21 y además notificó la situación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Fiscal Federal y a la Oficina de Ética Gubernamental”, expresó el doctor Carlos Pérez Díaz, presidente de la Junta de Gobierno mediante un comunicado de prensa. Los hallazgos de la investigación señalaban problemas en las áreas de contratación, recursos humanos, propiedad y compras, entre otras. Fue entonces que la investigación de la OAI se amplió a todo el sistema universitario de la UPR. A partir de ese momento, la UPR ha colaborado con el proceso. “Nuestros esfuerzos en estos momentos van dirigidos a atender la agenda de futuro para la universidad. Estamos planificando para lidiar con los inminentes retos fiscales. Estas acusaciones son una penosa situación que se ventilará en los tribunales pero no podemos distraernos de nuestra misión principal con la universidad en estos momentos”, declaró la doctora Celeste Freytes, presidenta interina de la institución educativa. CRECE-21 tenía como meta el adiestramiento de maestros en materias de difícil reclutamiento. Fue desarrollado por el Departamento de Educación (DE) en colaboración con la universidad del Estado en el 2011 y financiado con fondos federales. Justicia destacó que este proyecto no fue el único afectado en el esquema de fraude, pues los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos. Desde el 2012, la comunidad universitaria ha cuestionado y denunciado la presencia de irregularidades en la administración de este proyecto. En el 2014, la Cámara de Representantes radicó la Resolución de la Cámara 951 con el fin de investigar la administración, operación y manejo de fondos del proyecto CRECE-21, el cual había recibido $49 millones por parte del Departamento de Educación Federal. El último trámite legislativo ligado a esta resolución data del 16 de septiembre de 2016, en donde se le encomienda a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos la investigación del manejo de fondos del proyecto. Era trabajo de la comisión realizar un informe con los hallazgos y las recomendaciones dentro de 180 días de implementada la medida, sin embargo, ese informe aparenta no existir. Según la directora de la comisión, la licenciada Lenabel Alvarado, la Resolución de la Cámara 951 no aparece que fuera referida a dicha comisión. “No me aparece ni en mi listado personal ni el website de OSL [sistema legislativo]”, expresó Alvarado. Entonces, ¿la investigación se quedó en el aire?, inquirió Diálogo. “No me atrevo a designarlo tan categóricamente así, pero sí”, añadió Alvarado, incrédula ante la inexistencia del documento. Corrupción en familia Entre los otros siete acusados del esquema se encuentra Ada Liz López Hernández, excoordinadora de proyectos en la UPR en Arecibo, a quien se le presentaron un total de 100 cargos, entre los que se encuentran falsificación de documentos, servicios pagados con fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental. En su núcleo familiar se encuentran otros dos imputados por apropiación ilegal agravada y fraude: su madre, Ada Hernández Santiago (cuatro cargos), quien a su vez es abuela de Jason Ortiz López (seis cargos), exempleado de la UPR en Bayamón. De la misma manera, Nilda Vázquez Cruz, hermana de la exrectora de la UPR en Utuado, enfrenta dos cargos de apropiación ilegal agravada y fraude. Finalmente, Jonathan Ramírez Pérez, hijo del exrector de la UPR en Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos. Ramírez Pérez es asistente administrativo de esa unidad universitaria. Según Justicia, los gastos ilegales fueron posibles mediante el común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres. A raíz de esto, se radicaron 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. Adicional a eso, el coordinador de cuentas por cobrar del hotel, Marco Hernández Taforó fue acusado de 30 cargos. “Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso mediante un comunicado de prensa. La continuación de la vista de causa para arresto será el 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan. DIALOGO Categorías: Noticias, UPR Por Adriana De Jesús Salamán 25 de octubre de 2016 Notas Relacionadas

A tribunales la UPR por deuda con Sistema de Retiro. La Junta de Retiro sometió una segunda demanda contra la universidad esta vez por deudas con su aportación al fideicomiso

La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (JR-UPR) anunció hoy que sometió una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para obligar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG-UPR) a asumir la millonaria deuda que mantiene con el Sistema de Retiro de la UPR. La deuda, que asciende a $59,043,942.39 con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, es por concepto de deficiencias de pagos y reembolsos desde 2015 hasta 2022. El presidente de la JR-UPR, Luis Vicenty Santini, emplazó al presidente de la JG-UPR, Luis Ferrao Delgado, y al organismo que gobierna el sistema del primer centro docente del país, a contradecir públicamente la demanda existente con datos y evidencia de que la UPR no le adeuda al Sistema de Retiro de empleados de la UPR $59 millones. “Le recordamos a la Junta de Gobierno de la UPR, al presidente de la universidad y al gobernador de Puerto Rico que los actos que comete la Junta y su presidente son ilegales”, aseguró Vicenty Santini. “Emplazamos a la JG-UPR a que contradiga esta demanda de cobro y les damos 24 horas. Si no lo hacen, entenderemos que los miembros de la JG-UPR y su presidente, Luis A. Ferrao Delgado, le han mentido vilmente al país y a la comunidad universitaria”, añadió. La deuda, que presuntamente asciende a $59,043,942.39 con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, es por concepto de deficiencias de pagos y reembolsos desde 2015 hasta 2022 según se desprende de la demanda radicada por el pasado 27 de julio. Esta demanda se une a otro recurso legal incoado por la JR-UPR para retar la intención de la Junta de Gobierno de cerrar el plan de beneficios definidos para nuevos participantes del Sistema de Retiro de la UPR y sustituirlo por un nuevo plan de contribuciones definidas, similar a una cuenta de ahorros 401K. La demanda detalla además que la UPR tiene deficiencias en pagos actuariales entre 2015 y 2022, deficiencias de pago por reembolso de dinero pendiente por los informes actuariales de varios años fiscales efectuados por la UPR desde 2017 hasta 2022 y una deuda por incumplimiento en el pago de aportaciones patronales, servicios legales y del “Schedule Pension Amounts”. El documento también detalla que la UPR tiene una deuda por concepto de reembolso de salarios de la pasada directora ejecutiva del Sistema de Retiro UPR desde diciembre de 2013 hasta el año 2019, por sus labores adicionales como principal de inversiones en la Oficina de Finanzas de la Administración Central de la UPR.

Vicenty Santini aseguró que, entre abril y junio de este año, el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR tuvo que recurrir a liquidar $8 millones en activos de inversión para cubrir necesidades de nómina, desembolsos de préstamos, pago de suplidores y reembolso de aportaciones en aseguramiento de fondos a causa del atraso en pago de aportaciones patronales de la UPR. “Vender activos de inversiones no es una cosa del todo mala, pero, cuando nos vemos en la obligación de hacerlo porque otro no cumplió con su responsabilidad de hacer sus aportaciones, tenemos que denunciarlo y que demandar a la UPR por esas cuantías que nos debe”, aseguró el portavoz de la JR-UPR. Se oponen a cambio de fórmula El portavoz de la Junta de Retiro explicó además que el Sistema de Retiro de la UPR funciona bajo una formula de beneficios definidos que ha permitido que miles de pensionados universitarios tengan una jubilación digna y segura. No obstante, la Junta de Gobierno de la UPR insiste en cerrar el plan de beneficios definidos que ahora cobija a los pensionados. “No le reconocemos la capacidad legal ni la legitimidad para llevar ese acto unilateralmente”, aseguró Vicenty Santini. “Resulta altamente contradictorio y vergonzoso que la UPR, su presidente y su junta de gobierno insistan en cerrar el plan de beneficios definidos y aseguren públicamente que cumplen con aportaciones al Sistema de Retiro UPR mientras tienen una deuda ascendiente a millones de dólares que continúa en aumento”, denunció. El portavoz informó que los estados financieros continúan demostrando la solvencia del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR luego de que la JR- UPR asumió su deber fiduciario por sentencia legal en octubre de 2020. “La solvencia del Sistema de Retiro UPR no solamente se plantea en los activos que tiene, sino en las aportaciones que recibe. Si cualquiera de esas variables, que son las aportaciones de los participantes, la patronal y el retorno de inversiones, se ve en riesgo o tiene algún problema que no se corrige dentro de un tiempo razonable, causa un daño en la solidez a futuro del fideicomiso. Eso lo sabe muy bien la UPR y por eso está atrasando los pagos, a propósito, para que luzca en el estado financiero como si no tuviéramos solvencia y pueda justificar el infame intento de cierre del plan de beneficios definidos”, denunció el funcionario universitario. Esta es la segunda demanda que presenta la Junta de Retiro contra la universidad y su junta de gobierno desde mayo, cuando presentó un recurso legal para impedir el cierre del plan de beneficios definidos, un asunto que aún se encuentra en manos del Tribunal Federal y que ha provocado la movilización de gremios universitarios que abogan por la permanencia del plan de pensiones actual. https://www.metro.pr/noticias/2023/08/15/a-tribunales-la-upr-por-deuda-con-sistema-de-retiro/

Tiempo de urgentes cambios en la UPR

Tiempo de urgentes cambios en la UPR por Héctor José Huyke Souffront y Jorge L. Colón Rivera PUBLICADO: 10 DE ENERO DE 2020 Trasfondo En 1994, en un artículo hoy más que nunca apropiadamente titulado “Universidad: tiempo de urgentes cambios”, el fenecido profesor de ciencias políticas, Milton Pabón, demostraba “que la Ley Universitaria de 1966 no resiste enmiendas o parches ni tolera ya la llegada de administradores ‘liberales’ bien intencionados.”[1] El artículo salió poco después de la publicación de un discurso suyo de 1993 titulado “Universidad: libertad y autogobierno” en ocasión de recibir el título de Profesor Emeritus. En ese discurso advertía sobre la reforma universitaria de 1966 que “Ofuscados por la distribución interna del poder, y por actitudes personalistas, cometimos el error de gestionar una reforma estrictamente jurídica, sin compromiso, ni consenso…”[2] Los artículos del profesor Pabón se publicaron durante los días en que se debatían los cambios provocados por el gobierno de Pedro Rosselló al crear una Junta de Síndicos para gobernar separadamente a la UPR del resto de las instituciones de educación superior en Puerto Rico. La medida en sí misma podría ser algo positivo para la educación superior puertorriqueña. Según Pabón, no obstante, era otra movida en una larga historia de “la voracidad de los partidos por el poder.”1 Tras los cambios, la Universidad, una vez más, se convertía en “un apéndice auxiliar de un proyecto político” de adueñarse del patronazgo de la Universidad colocando a los amigos en los puestos claves.1 Argüía el profesor que esa medida gerencial del gobierno de turno era otro parche. Se requerían con urgencia cambios fundamentales para que la Universidad pudiera cumplir su misión.

“La Universidad requiere urgentemente un nuevo estatuto universitario que coloque en primer plano el modelo democrático de organización, y que emane, no de las propias esferas gobernantes, que están en entredicho, sino de la voluntad de los constituyentes, o comunidades académicas respectivas.”1 Según el Profesor Emeritus, jamás debemos perder de vista que el “contenido mismo del quehacer universitario… radica en la evaluación y revisión continua de los programas de estudio,”

Milton Pabón, “Universidad: tiempo de urgentes cambios”, Diálogo, enero 1994, páginas 14-15, ver https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/di_logo_ene_1994 Pero esa evaluación y revisión continua de los programas de estudio requería con urgencia una nueva ley orgánica que fuera producto de los mismos universitarios y estuviera basada en un modelo democrático de organización. La aprobación de una nueva ley orgánica que garantice ese modelo para la UPR es tan urgente hoy como en el 1994.La intervención causada por “la voracidad de los partidos por el poder”, ha ocurrido en la Universidad desde sus comienzos y continúa hoy en día. En meses recientes vimos en medios noticiosos como personas activas en la política partidista que en un pasado tuvieron posiciones de liderato en la gobernanza de la Universidad han sido señaladas y encausadas por actos ilegales que implican la apropiación y malgasto de fondos públicos de la UPR. Como bien indican documentos claves de la agencia acreditadora “Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE), la intervención político partidista “presenta una amenaza a” la “libertad y efectividad” de las universidades.[3] Un robusto distanciamiento de los partidos políticos es de particular importancia en la universidad pública puertorriqueña para que esta pueda estudiar críticamente todos los aspectos de la vida y el rumbo del país, y proponer alternativas y soluciones innovadoras. La intervención indebida también trastoca la verdadera rendición de cuentas, y promueve ineficiencias y burocracia innecesaria. Es por ello que uno de los principios de administración pública establece que las corporaciones públicas requieren protección “de los efectos negativos de las luchas de poder entre los grupos políticos (partidos) en contienda por el control de la administración del Estado; es decir, evitar que pudieran ser utilizadas por el Gobierno de turno como herramientas de patronato político para beneficio partidista y sectorial. La teoría de administración pública que legitima la autonomía de las corporaciones públicas se apoya en un principio básico de los sistemas democráticos: limitar lo más posible el uso (y abusos) del poder político.”[4] Sin embargo, la intervención político-partidista ha estado presente en nuestra universidad pública desde que abrió sus puertas oficialmente el 12 de marzo de 1903 tras aprobarse la Ley que funda la Universidad de Puerto Rico.[5] En sus comienzos la Universidad estuvo dirigida por el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, nombrado por el Presidente de Estados Unidos, quien fungía como presidente de la Junta de Síndicos y Rector (“Chancellor”) de la UPR. La Junta de Síndicos tenía once (11) miembros, cinco (5) nombrados por el Presidente de Estados Unidos (el Gobernador de Puerto Rico, el Comisionado de Instrucción, el Procurador General, el Secretario de Puerto Rico y el Tesorero de Puerto Rico), el Portavoz (Speaker) de la Cámara de Delegados y cinco (5) otros miembros nombrados por el Gobernador, quien también tenía potestad de cubrir cualquier vacante que surgiera. Por lo tanto, los líderes políticos del país, nombrados por el Presidente de Estados Unidos o por el Gobernador, eran quienes tomaban las decisiones en la Universidad, incluidas los nombramientos de autoridades universitarias, a tenor con consideraciones más políticas que académicas.

La UPR y el nuevo Presidente Luis Ferrao --Promesas, promesas, promesas -

El nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao,actual rector del Recinto de Río Piedras, indicó que la institución necesita una reestructuración de la oferta académica, generar fondos propios para poder subsistir con el presupuesto que le asignaron, y aseguró que trabajará con la acreditación del recinto de Ciencias Médicas (RCM) cuando comience en su posición. La Junta de Gobierno de la UPR eligió a Ferrao como presidente de la institución para sustituir a la presidenta interina desde el 2021 Mayra Olavarría. El académico iniciará en el cargo para el cual fue electo el próximo 1 de julio. La Junta de Gobierno de la UPR aprobó un presupuesto consolidado de $1,168 millones para el próximo año fiscal lo que supone unareducción de $340 millones al compararlo con el presupuesto del año fiscal vigente. Sin embargo, Ferrao aseguró que el presupuesto no es final hasta que culmine el año fiscal, por lo que dijo los números que se manejan son unas proyecciones. Se estará determinando el presupuesto oficial el 30 de junio. Ferrao dijo que la solución a los recortes presupuestarios es que la UPR comience a generar sus propios ingresos a través de la educación continua, la filantropía e investigación en los recintos. Añadió, además, que deben reestructurarse las ofertas académicas de los recintos. “Hay que refugiarse en lo que es el nuevo país. Se está reduciendo la matrícula universitaria y hay que hacer unos cambios. Los 11 recintos tienen que complementarse, no podemos estar haciendo la misma oferta académica en todos los recintos cuando cada vez hay menos estudiantes que quizás se están orientando en otras especialidades. La oferta académica tiene que repensarse de arriba a abajo y tiene que haber complementariedad”, dijo Ferrao. Aseguró que cerrar recintos no es una opción y que estará trabajando para que, en el caso del RCM, no pierda su acreditación. “Vamos a establecer unas reuniones con el asunto de la acreditación de Ciencias Médicas. Sí nos preocupa, sí es importante. Yo apuesto a la experiencia que tuve con Middle State. Yo llegué a Río Piedras hace cinco años y el recinto estaba en probatoria”, pero su equipo y él se aseguraron de volver a acreditar la universidad sin ningún tipo de señalamiento, dijo. A pesar de los aumentos en el costo de la matrícula, mencionó que el costo por crédito sigue siendo mas económico que en las universidades privadas. Confirmó que de 22 mil estudiantes que una vez tuvo la UPR ahora tiene 12 mil, sin embargo, la institución universitaria sigue siendo la mejor opción por el precio y la calidad de profesores con los que cuenta, afirmó el aún rector del recinto de Río Piedras. “La UPR tiene un prestigio, un claustro con los títulos más destacados, la cantidad de profesores egresados de ‘ivy leagues’ que tenemos en Río Piedras y en Mayagüez es impresionante, estamos hablando de una calidad incuestionable. La formación académica de los estudiantes a nivel universitario en la UPR no tiene comparación con las otras universidades. Además, hay carreras únicas y programas acreditados que no se ofrecen en otros lugares”, indicó Ferrao. https://www.metro.pr/noticias/2022/06/01/urgente-realinear-oferta-academica-de-los-recintos-de-la-upr/

Destituyen al rector del Recinto de Arecibo

En el recinto de la Villa del Capitán Correa la Junta de Gobierno (JG) de la UPR destituyó de la rectoría a Carlos Andújar Rojas el pasado miércoles, a poco menos de un mes de haber sido suspendido por presuntamente hacer uso indebido de vehículos oficiales. Mientras el pasado 26 de septiembre, el mismo organismo destituyó a la doctora Ilka Ríos Reyes como rectora del RCM, luego que parte de la comunidad universitaria le atribuyera haber violado el reglamento de la universidad en el pasado. Caroline Gracia Mercado EL VOCERO 14/10/2023 Actualizado hace Oct 14, 2023

Por Metro Puerto Rico 09 de septiembre 2023 a las 07:33 hrs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Arecibo, Carlos Andújar, fue removido de supuesto en el día de ayer y en su lugar se colocó a la Dra. Brenda Laboy González. La información fue confirmada a este medio mediante una carta que fue enviada y firmada por el presidente de la institución universitaria Luis A. Ferrao donde se anuncia la designación de Laboy González. 

“Estimada doctora Laboy González.

Me place designarla rectora interina de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, efectivo hoy viernes 8 de septiembre de 2023. Agradezco su disponibilidad y compromiso con esta noble institución y le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones”, lee la carta firmada por el presidente de la universidad. Esta misma semana se reportó sobre una querella presentada contra el ahora exrector del recinto de Arecibo en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presuntamente utilizar los vehículos oficiales de la institución para fines personales. Según especificaron los abogados de la OEG, entre agosto de 2017 a abril de 2022, Andújar gastó $21,332 dólares en fondos públicos para costear peaje en el sistema de Autoexpreso, gasolina y reparaciones de dos de los automóviles. 

El documento detalla que Andújar Rojas usaba los vehículos fuera de horas laborales, fines de semana, días festivos y para trasladarse ida y vuelta desde su hogar hasta UPRA. La OEG alega que el querellado procuró un beneficio personal no permitido por ley, violando el Artículo VI de la Constitución, el Artículo 3 de la Ley de Vehículos Oficiales, el Artículo VIII del “Reglamento para vehículos y otros medios de transportación de la UPR”, así como el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Precisamente, los carros que utilizó fueron una Toyota Sienna 2011 entre agosto de 2017 a julio de 2020, una Ford Scape entre agosto de 2020 a julio de 2021 y una Chevrolet Traverse 2020, entre el 24 de junio al 22 de septiembre de 2021 y entre 7 de febrero al 11 de abril de 2022. Los gastos de gasolina fueron $5,925.12 por la Toyota Sienna, $5,518.38 por la Ford Escape y $999.32 por la Chevrolet Traverse. Mientras, los gastos de peajes fueron $1,991.15 por la Toyota Sienna, $591.15 por la Ford Escape y $287.95 por la Chevrolet Traverse. Adicional, en reparaciones gastó $4,353 para la Toyota Sienna y $1,566.82 la Ford Escape. La OEG solicitó que se le imponga al rector de UPRA una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido. 

Además, que se le aplique las sanciones pertinentes de conformidad con el Artículo 4.7 (c) de la Ley 1-2012, entre lo que sugiere, la restitución del dinero. Andújar Rojas tiene 20 días para responder la querella en su contra. En julio de 2022, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó una querella por falta de prueba contra Andújar por los mismos motivos, pero señaló como indispensable que la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental continuaran sus investigaciones sobre el caso. 

Reacciona el rector a la querella de la OEG En expresiones escritas enviadas a Metro Puerto Rico, el rector Carlos Andújar Rojas, indicó que ya han sido cinco las investigaciones que se han realizado en su contra sobre el asunto y que han sido desestimadas. “Quiero expresar mi total disposición y bienvenida a esta quinta investigación que se lleva a cabo sobre un mismo asunto. El cual ha sido exhaustivamente revisado y desestimado en cuatro foros y cuatro instancias distintas previamente. Mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la Universidad de Puerto Rico (UPR) sigue siendo inquebrantable. Entiendo la importancia de la labor de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y su responsabilidad de investigar cualquier asunto que involucre el uso de recursos públicos y que sea llevado a su atención. 

Estoy comprometido a colaborar plenamente con esta investigación y a responder de manera puntual a todos los cuestionamientos que puedan surgir”, expresó el rector. “Durante mis 27 años de servicio en la UPR, he trabajado incansablemente para contribuir al bienestar de nuestra comunidad académica y para fortalecer nuestra institución. 

Mi enfoque ha sido y continuará siendo el servicio a la educación superior, a los estudiantes que confían en nosotros para su formación, a los compañeros profesores y profesoras y a todo el personal de nuestra universidad. Mi deseo es que esta investigación permita aclarar cualquier duda que pueda existir. Confío en que, al final, prevalecerá la verdad. Estoy comprometido con la UPR y su misión de ofrecer una educación de calidad”, añadió.

 

https://www.metro.pr/noticias/2023/09/09/sacan-el-rector-de-la-upr-en-arecibo-tras-querella-en-etica/

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Exrectora de la UPR de Utuado se declara culpable 

en caso de Crece 21.

Era la última acusada que restaba por declararse culpable.

Por Metro Puerto Rico

15 de noviembre 2022 a las 14:08 hrs.

La exrectora del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Yanaira Vázquez Cruz, se declaró culpable del caso de esquema de corrupción con fondos del programa Crece-21 donde también fueron acusados otros rectores de la institución.

Vázquez Cruz se declaró culpable de 13 delitos de los cuales tres son graves y los restantes son menos graves.

Exrectora de la UPR de Utuado se declara culpable en caso de Crece 21 – Metro Puerto Rico

 

Middle States pidió información sobre nombramiento de rectores en medio del paro contra Ilka Ríos en Ciencias Médicas

La agencia acreditadora recibió denuncias sobre posibles violaciones a los estándares que rigen el proceso y tiene hasta el 4 de noviembre para emitir su respuesta En medio del paro estudiantil de septiembre que exigía la destitución de Ilka Ríos Reyes, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) solicitó información al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sobre el nombramiento de rectores, luego de recibir denuncias sobre posibles violaciones a los estándares que rigen ese proceso. Aunque el requerimiento de la agencia acreditadora no se centró en alguien en particular, fuentes de El Nuevo Día con conocimiento del trámite aseguraron que está relacionado con Ríos Reyes. Específicamente, en su petición, la Middle States estableció que el RCM debía someter documentación para demostrar cumplimento con el Estándar II -Ética e Integridad (Criterio 1 y 2) y el Estándar VII- Gobernanza, Liderazgo y Administración (Criterio 1) de nombramiento de rectores. Debido a que el Estándar VII se relaciona con la Junta de Gobierno de la UPR, el RCM solicitó la documentación y evidencia para complementar su respuesta. El doctor Edgardo Ruiz, enlace de la rectoría con la MSCHE y el RCM, validó que “la información solicitada ya fue enviada al organismo acreditador”. “Con la información provista, quedó demostrado que la JG (Junta de Gobierno) tiene una estructura administrativa-reglamentaria para sus operaciones, y en el fiel cumplimiento de su deber es que logra aportar al mejor funcionamiento de la universidad. Es decir, la JG expresa su compromiso de colaboración con los recintos y, en esta ocasión, lo reafirmó con el RCM para asegurar el cumplimiento con los requerimientos de la MSCHE y su estabilidad gerencial”, indicó, entretanto, el ente rector en declaraciones escritas a El Nuevo Día. El pasado 22 de septiembre, en pleno paro de estudiantes, la Middle States requirió al RCM una respuesta institucional a cuatro querellas formales relacionadas con el proceso –en general– de nombramiento de rectores, en las que se alegaba incumplimiento con algunos criterios y estándares de acreditación. Cuatro días después, la Junta de Gobierno avaló la destitución de Ríos Reyes como rectora, mediante un referéndum electrónico que se circuló entre sus miembros. Esa misma semana, el 28 de septiembre, el ente rector aprobó la designación de Dharma Vázquez Torres, quien fue recomendada por el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado. Desde que Ríos Reyes fue designada y ratificada por la Junta de Gobierno, varios profesores de la Escuela de Medicina –que apoyaron su salida– alertaron sobre posibles violaciones a los estándares de la MSCHE que rigen el nombramiento de rectores. “La agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education solicitó información general al RCM sobre los procedimientos establecidos por el RCM y por la UPR, relacionados al nombramiento de un rector o rectora y los mecanismos que se llevan a cabo. En la petición de información, la agencia enfatizó que el informe se refiera a los procesos y no a personas. La información solicitada ya fue enviada al organismo acreditador”, dijo, por su parte, Ruiz. El RCM tenía hasta el 13 de octubre para entregar la documentación a la MSCHE. Ahora, la agencia acreditadora tiene hasta el 4 de noviembre para responder si la información sometida fue satisfactoria o no y rendir un informe. De determinar que no se cumple con los estándares, podría emitir una advertencia contra el RCM. El representante estudiantil ante la Junta Administrativa del RCM, Jorge Rivera, expresó que están a la espera de la determinación, la cual, a su juicio, podría afectar otras acreditaciones. “En efecto, confiamos que no sea nada malo y que nos mantengamos acreditados como estamos en este momento”, manifestó. El ente rector, por su parte, puntualizó que “estamos convencidos que la Universidad de Puerto Rico ha sido y es pieza clave en la transformación social y la educación de todo el país, por lo que la JG está atenta a que sus recintos puedan cumplir a cabalidad con sus requerimientos de certificaciones, así como atender los procesos de fiscalización de los mismos”. En noviembre pasado, la Middle States informó que el RCM estaba en cumplimiento con todos los estándares y requisitos de acreditación, por lo cual removió la advertencia que pesaba desde inicios de año contra la unidad académica. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/middle-states-pidio-informacion-sobre-nombramiento-de-rectores-en-medio-del-paro-contra-ilka-rios-en-ciencias-medicas/

El desmantelamiento de el Sistema Universitario Público 2022-2024

El plan para el desmantelamiento de la UPR es una agenda sistemática que tiene los siguientes objetivos: 

1. Realizar una reducción de las ofertas académicas.
2. Obtener mas fondos disponibles para el aparato administrativo. 
3. Otorgar contratos donde solo tienen participación los fieles a los jerarcas administrativos. 
4. Eliminación de Servicios al Estudiante. Cierre de las Residencias Estudiantiles. 
5. Desplazamiento de los estudiantes residentes fuera del recinto. 
6. Eliminación y no reconocimiento de entidades que representen a los alumnos y exalumnos.  
7. Se desmantelan las organizaciones afiliadas a la UPR. APU Asociación de Exalumnos y otras.  Una página  de la AE que no ofrece nada de lo que publica. Exalumnos UPR   
8. Mientras sigan desmantelando las organizaciones profesionales, menos poder tienen los grupos como clase, pues su poder como colectivo es anulado.
9. El Personal Docente va perdiendo sus beneficios. En la medida en que se van retirando, los nuevos docentes no cuentan con los beneficios de los retirados, quedando como único recurso el salario o el contrato que firma.

 " Los conflictos de nuestro mundo globalizado son, en realidad, una guerra entre una clase para sí, que tiene el consciente poder que le da el dinero que ahora tratan de convertir en oro, y la clase en sí de la mayoría de nosotros, inundados de dinero-deuda. " Y esto forma parte de que lo que está en litigio es la imposición de un sistema plutocrático: “Nuevo Orden Mundial”. preparémonos para  el cambio.

 

EL PLAN PARA EL DESMANTELAMIENTO UPR -2023

CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Los seis arrestados por corrupción y el escandaloso chat han expandido el margen de incertidumbre financiera experimentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos años. Situación que se ha agravado progresivamente desde los años 90. 

La irresponsabilidad de esta claque gobernante ha quedado al descubierto, el chat “ha sido la chispa que incendió ese gigantesco malestar acumulado por años y los jóvenes son quienes han levantado al país en contra de la corrupción y la Junta de Control Fiscal (JCF)”, dijo el profesor retirado de la UPR, Félix Córdova. 

Córdova, explicó brevemente una red de corrupción relacionada a los dos asuntos mencionados al principio y que afecta directamente a la UPR. Mientras la administración universitaria ofrece jugosos contratos a compañías recién incorporadas, son los estudiantes, empleados y profesores quienes pagan las consecuencias del saqueo y el mal manejo de fondos públicos. 

“La UPR no está ajena al chat de Telegram”, dijo por su parte la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No- Docentes, Jannelle Santana. La líder sindical expresó que la UPR estaba dentro de la “destrucción” conspirada por Ricardo Rosselló y sus brothers en las conversaciones. “Allí salió a relucir la verdad sobre Hamilton y los insultos hacia los estudiantes, dejando claro que estas personas no tenían ningún interés en salvaguardar la UPR”, añadió. 

Santana, alegó que los responsables principales de los aumentos en la matrícula y los recortes son el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), Walter Alomar, y la vicepresidenta, Zoraida Buxó. “Los recortes más grande de presupuesto vinieron del ejecutivo, no de la JCF. El ente federal no hace planes fiscales, quien hace el Plan Fiscal es la JG-UPR, que a su vez responden al Ejecutivo”, explicó. 

Buxó, fue nominada por Rosselló a la JG-UPR en 2017. La vicepresidenta contrató a la firma de consultoría y contabilidad BDO para “bregar” con el sistema de retiro de los empleados docentes y no-docentes de dicha institución. 

BDO Puerto Rico es uno de los nexos en la red de corrupción esbozada por Córdova. Fernando Scherrer, presidente de la firma de contabilidad que tenía contratos con varias agencias gubernamentales, fue uno de los 6 arrestados el pasado miércoles 10 de julio. 

Además, destacó la relación de Carlos García, miembro actual de la JCF, y la situación actual “por lo tanto unimos gobierno y Junta. Son dos aparatos corruptos los que están gobernando sobre Puerto Rico” Pero el vínculo no solo se reduce a García, Alberto Velázquez Piñol trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló como subdirector ejecutivo de administración y finanzas de la Compañía de Turismo. Corporación que entonces dirigía Fortuño. 

Cuando Fortuño ganó la gobernación en 2009, Velázquez Piñol fue designado como administrador del Departamento de Educación y director de la oficina del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en Nueva York. Quien dirigía el BGF en ese entonces era García. 

Velázquez Piñol, fue uno de los arrestados junto Scherrer, Julia Keleher, Ángela Ávila y las hermanas Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza. BDO mantuvo contratos millonarios principalmente entre el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

“Tanto Buxó como Walter Alomar (presidente de la Junta de Gobierno de la UPR), son parte de la red de corrupción y tienen que renunciar también”, sentenció el profesor Córdova.

Buxó, es socia de la firma de cabilderos World Professional Group, creada por Carlos López López en 2009. López, es además abogado socio en la firma bipartita Wolf Popper LLP, que aguarda vínculos con educación y de la cual formaba parte Elías Sánchez. 

Por otra parte, el presidente de la JG-UPR ha mantenido contratos dudosos con el gobierno mediante la compañía DBPR Legal LLC. Entre los entes gubernamentales figura la Compañía de Turismo, la Junta de Planificación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Esta última se encarga de hacer los planes fiscales del primer centro docente del país.

“Si estas personas respondían y estaban protegidas por el ejecutivo ¿cuáles son los nexos entre Buxó y Elías, que trabajaban juntos para un mismo bufete?”, cuestionó Santana. Además, mencionó que, por ejemplo “los correos electrónicos trabajan con la plataforma de Gmail y ahora vamos a emigrar a Microsoft”. 

“Hemos sido víctima del saqueo y la mala administración de fondos públicos; contrataciones de compañías que solo llevan incorporadas 8 meses y se están ganando miles de dólares para dar supuestamente adiestramientos en la universidad cuando la administración cuenta con la tala de profesionales para ofrecerlos”, añadió Santana.

https://claridadpuertorico.com/upr-un-punto-en-el-tejido-de-la-corrupcion_

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El plan para el desmantelamiento de la UPR es una agenda sistemática que tiene los siguientes objetivos: 

Realizar una reducción de las ofertas académicas. a) Para obtener mas fondos disponibles para gigantismo del aparato administrativo. b) Otorgar contratos donde solo tiene participación los fieles a los jerarcas administrativos. 

 Eliminación de Servicios al Estudiante. a) Cierre de las Residencias Estudiantiles. b) Desplazamiento de los estudiantes fuera del recinto. Eliminación y no reconocimiento de entidades que representen a los alumnos y exalumnos. a) Se desmantelan las organizaciones afiliadas a la UPR. APU Asociación de Exalumnos y otras. El Personal Docente va perdiendo sus beneficios. a) En la medida en que se van retirando, los nuevos docentes no cuentan con los beneficios de los retirados, quedando como unico recurso el salario o el contrato que firma.