12 de Junio de 2025
¿Universidad sin diversidad?
El viernes, 14 de febrero 2025, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una carta titulada “Dear Colleague” que presenta los programas de diversidad y los espacios culturales como “un vergonzoso eco del periodo más oscuro de la historia de este país”, comparándolos con la segregación racial. La agencia federal, ahora dirigida por Linda McMahon, justifica su oposición a los programas de diversidad con una interpretación literal del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de EE. UU., que establecen que ninguna persona puede ser excluida, segregada o tratada de manera desigual debido a su raza, color o nacionalidad.
Según la agencia federal, los programas de diversidad en las universidades abarcan las admisiones, “ceremonias de graduación y distribución de dormitorios”, hasta trabajos estudiantiles y actividades extracurriculares.
A diferencia de universidades en Estados Unidos, donde los debates sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) han generado estructuras y protecciones institucionales hace décadas, en la UPR estos esfuerzos apenas empezaban a lograr tracción cuando hace unos meses comenzaron a ser desmantelados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, coincidieron más de 25 personas de la comunidad universitaria entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Alertaron sobre un aumento en la polarización ideológica, la desinformación y la reducción de políticas institucionales que protejan a las poblaciones históricamente marginadas en la Universidad.
Esas políticas federales que buscan desmantelar los programas de diversidad tanto en agencias gubernamentales como en la universidad pública, han sido acogidas por la administración de la gobernadora Jenniffer González
En la UPR, las políticas de Trump provocaron la eliminación del Comité de Diversidad de la Junta de Gobierno, en momentos en que no existen protocolos para atender el racismo o garantizar accesibilidad de sectores vulnerabilizados {vulnerables}. Estas medidas también amenazan con revertir derechos ya reconocidos —como el acceso a baños sin distinción de género— y agravan la exclusión de personas visiblemente negras, con diversidad funcional, así como de mujeres, comunidades LGBTIQ+ y estudiantes de sectores empobrecidos o de fuera del área metropolitana.
Bajo las directrices de Trump, implementadas por McMahon, —que amplían una decisión de 2023 del tribunal— se prohíbe utilizar la raza como criterio afirmativo para los procesos de admisión, contratación o promoción dentro de las universidades, así como para asignar ayudas económicas, como becas y vivienda a estudiantes. Además, se desmantelan programas que velan por la inclusión de personas diversas, la representación de ciertos grupos raciales o que enseñen sobre sus experiencias históricas, bajo la premisa de que esas actividades fomentan divisiones.
Las profesoras Godreau, de Cayey, Mayra Santos Febres, de Río Piedras, y Jocelyn Géliga Vargas, del RUM, coincidieron en que eliminar la raza en los criterios afirmativos de inclusión de las universidades, como propone el Gobierno de EE. UU., es más problemático para la UPR porque la institución ni siquiera tiene datos claros sobre su población afrodescendiente. Para las académicas, se busca invisibilizar aún más a un grupo que ha sido históricamente ignorado en Puerto Rico.
La eliminación del Comité de Diversidad de la Junta de Gobierno de la UPR, por ejemplo, truncó un proyecto colaborativo que realizaban Godreau y la profesora Mariluz Franco Ortiz, de la UPR en Cayey, para recopilar datos sobre la identidad racial del estudiantado en los 11 recintos.
“Habíamos estado en colaboración con ese Comité para crear mecanismos de recoger datos sobre la identidad racial de los estudiantes en la UPR, para poder ver si la matrícula de los estudiantes de la universidad pública reflejaba la diversidad racial de nuestra población en Puerto Rico. Todo eso se fue a juste. Había mucho apoyo institucional desde ese Comité; estábamos a punto de caramelo”, contó Godreau.
El proyecto, detalló la profesora, ya contaba con protocolos propuestos, diseño metodológico, análisis de literatura y había iniciado el proceso de solicitar permisos para ponerlo en práctica. Pero con el cierre del Comité todo quedó en el aire, pues, aunque no hubo una comunicación formal de que detuvieran las gestiones, las profesoras dieron por terminado sus esfuerzos a partir de la certificación de la Junta de Gobierno que mandó a dar por terminada la encomienda del Comité “en cumplimiento con la política pública del Gobierno de los Estados Unidos”.
“La gente que estaba identificada para trabajar con esto ya no está”, dijo. El contacto directo con la Administración Central de la UPR era a través del profesor Juan C. Jorge Rivera, oficial ejecutivo de Diversidad, con quien las académicas no han vuelto a tener comunicación desde que el Comité fue eliminado en marzo.
La falta de información sobre la composición racial del estudiantado, advirtió Godreau, no es un asunto menor, pues sin datos “no se puede fiscalizar si la Universidad está cumpliendo con su misión pública”.
“Si uno no tiene datos de cómo están las cosas, tampoco vas a poder medir si estamos mejorando o no”, lamentó la investigadora que forma parte del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey.
“Ese censo [universitario] sobre personas afrodescendientes es fundamental”, remató en entrevista separada la profesora Santos Febres, investigadora principal del Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia del Recinto de Río Piedras (Centro PRAFRO).
“Necesitamos saber cuántos somos. Si se atrasa eso [el censo afro], nos atrasamos muchísimo en tener una idea más precisa sobre cuál es nuestra población. Ahora nos dejan sin fondo informativo para poder crear las políticas necesarias”, precisó Santos Febres, quien por cuatro años ha coordinado la Cumbre Afro en el Recinto de Río Piedras en la que se trabajan mesas de diálogo, paneles y espacios de sanación para las personas negras en Puerto Rico y el Caribe.
Santos Febres tiene una visión crítica del Comité, pues dice que era parte de una estructura administrativa lenta, burocrática e incapaz de implementar cambios sistémicos con resultados concretos.
“No estoy diciendo que el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión a nivel central no es una buena idea y que no estuvieran trabajando arduamente por crear políticas públicas de mayor incidencia. Eso lo estaban haciendo. Sin embargo, me parece que hay que seguir peleando por una implementación real de políticas ágiles que creen prácticas de equidad”, dijo.
Yarimar Rosa Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación en el Recinto de Río Piedras, señaló que el problema se debe a que las perspectivas de la Administración Central de la UPR están completamente desvinculadas de la realidad y de la vida cotidiana en los recintos. “Por eso muchas facultades del Recinto de Río Piedras decidieron contestar, desde el posicionamiento del claustro, en contra de la posición de Administración Central y la presidencia de eliminar ese Comité”, subrayó.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, los claustros de la Escuela de Derecho, y de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales, así como organizaciones estudiantiles, como el Consejo General de Estudiantes, la Federación de Estudiantes de Trabajo Social de Río Piedras, el Movimiento Estudiantil y el Colectivo Estudiantil del RUM, entre otras, repudiaron la eliminación de Comité.
Baños inclusivos: en peligro una conquista ganada
Para Mabel Rodríguez Centeno, quien ofrece cursos en el Programa de Estudios de la Mujer y Género del Recinto de Río Piedras, la política pública de Trump que ha asumido la administración de la UPR revierten logros alcanzados en la pasada década.
“En los últimos años empezó a darse una especie de movimiento de sensibilización, concienciación y agenciamiento político por parte de las diversidades sexuales, por ejemplo, en la UPR”, explicó Rodríguez Centeno.
Recordó que, durante la administración de Barack Obama, estudiantes del recinto impulsaron activamente la implementación de baños inclusivos a tenor con las directrices del entonces presidente de EE. UU. que inició esa política pública como reconocimiento y protección para las comunidades trans.
“En ese momento, cuando Luis Ferrao era rector del Recinto de Río Piedras, se aprobó la orden de baños inclusivos. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana los teníamos. Estas cosas siempre han tenido mucha resistencia”, dijo.
Lamentó que, una vez Ferrao asumió la presidencia del sistema universitario, no promoviera la política de baños inclusivos en el resto de los recintos.
Miguel Muñoz llegó a la presidencia interina de la UPR tras la salida de Ferrao en febrero y, del saque, unas de sus primeras declaraciones fue en contra de los baños inclusivos. El Presidente Interino no estuvo disponible para una entrevista con el CPI.
Aunque la política de baños inclusivos se mantuvo sólo en el campus riopedrense, incluso ahí su aplicación es bien limitada, coincidieron las estudiantes Jinelly Romero Cabrera y Ariana Santiago Díaz de la AFU y las profesoras Rodríguez Centeno, del Programa de Estudios de la Mujer y Género, y Rosa Rodríguez, de Educación.
De los más de 60 edificios que conforman el Recinto de Río Piedras, sólo 10 cuentan con baños inclusivos, y en cada uno se habilitaron apenas dos, todos en los primeros pisos. En total, hay apenas 20 baños inclusivos disponibles para toda la comunidad estudiantil que supera los 13,000 alumnos.
Aún así, algunos estudiantes se oponen a la permanencia de esos espacios alegando que estos dan paso a “acoso sexual”, según manifestaron Jan Carlos Tousset Rivera y Cristian Rodríguez García, integrantes del Capítulo del Recinto de Río Piedras de Students for Life —una organización estudiantil opuesta al derecho al aborto— durante una asamblea estudiantil el pasado 23 de abril.
Pero los datos muestran que los incidentes de hostigamiento y agresión sexual en la UPR-RP han disminuido desde que se establecieron los baños inclusivos en 2019, según información de la Oficina de Cumplimiento y Auditorías del Recinto. En 2022 se registraron siete casos de hostigamiento sexual, tres en 2023 y uno en 2024. En lo que va del 2025, no han recibido ninguna querella por este tipo de violencias. Los datos que se recogen de las querellas no incluyen el lugar donde ocurrieron los incidentes.
Para Romero Cabrera, de la AFU, una persona que realmente tiene la intención de cometer un acto violento o lascivo, no se detiene a ver el rótulo del baño, independientemente de que lea “damas”, “caballeros” o “baño inclusivo”.
“Lo que es violento es lo que esa persona tiene en la cabeza. Que quites los baños inclusivos no resuelve absolutamente nada”, expresó la estudiante de Lenguas Extranjeras.
Recordó que, en 2018, personas trans fueron agredidas por parte de guardias universitarios en el Recinto de Río Piedras, quienes les impedían usar los baños con los que se identifican, basándose en juicios arbitrarios sobre su apariencia. “O sea, estoy hablando de sentirse intimidado por ir al baño”, puntualizó.
La violencia que no se nombra
Aunque el deterioro de la infraestructura, el aumento en el costo de la matrícula y los retos fiscales que enfrenta la UPR afectan a toda la comunidad universitaria, para las poblaciones marginadas estos obstáculos estructurales son mucho más difíciles de sobrellevar, señaló Nairobi Hernández Francia, integrante del Centro PRAFRO.
“Todo lo que pasa en la Universidad —que no hay infraestructura apropiada, no hay hospedaje, que la matrícula sube…— afecta desproporcionadamente a los estudiantes afrodescendientes, porque sabemos que hay una relación bien estrecha entre la clase y la racialización. Por lo tanto, la soga parte por lo más finito… y lo más finito son los estudiantes más marginalizados”, sentenció Hernández Francia.
En el caso de las personas con diversidad funcional, los retos se multiplican, ya que no sólo enfrentan actos de discriminación por parte de otras personas, sino también barreras impuestas por la propia institución y por una infraestructura física que no está adaptada a sus necesidades.
En el Recinto de Río Piedras, por ejemplo, 219 estudiantes con alguna diversidad funcional reportaron haber tenido alguna dificultad para conseguir lectores para la asistencia en el aprendizaje, limitaciones con el acceso a los edificios, y dificultades con los servicios bibliotecarios. El hallazgo formó parte del primer estudio que midió las principales necesidades que enfrenta el estudiantado de ese recinto en materia de alimentación, vivienda, transportación, materiales y equipos y seguridad económica, y las necesidades de servicios para alumnos con diversidad funcional y que fue publicado en enero por el Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales.
“Los recintos de la UPR tienen carencias de planta física que van desde energía eléctrica, edificios en pobre mantenimiento. Además, el tamaño de ascensores y las dimensiones de algunas puertas de algunos salones, dificultan que todo tipo de cuerpo pueda recorrer el espacio universitario”, acotó el antropólogo Caraballo Resto.
Los recintos de la UPR también enfrentan serios retrasos en la reconstrucción de estructuras afectadas por fenómenos atmosféricos recientes y por las constantes fluctuaciones de electricidad en Puerto Rico, que con frecuencia dejan fuera de servicio equipos esenciales como los ascensores. Un ejemplo de ello es uno de los elevadores principales del Centro de Estudiantes en la UPR en Bayamón, que ha estado inoperante desde el semestre pasado, confirmó Anthony Pérez Cardez, presidente del Consejo General de Estudiantes de ese campus.
Una situación similar ocurre en el Recinto de Río Piedras, donde la sala de servicios para personas con impedimentos en la Biblioteca José M. Lázaro permanece cerrada desde el paso del huracán María en 2017. Aunque la administración anunció que todos los pisos de la biblioteca eventualmente serán accesibles, es un proyecto que podría tardar otros tres años.
La profesora Jocelyn Géliga Vargas, cocoordinadora del Centro Universitario para el Acceso (CUA) ubicado en el RUM, dice que la UPR tampoco tiene la capacidad para atender el creciente número de estudiantes neurodivergentes, que llegan al salón con diagnósticos como déficit de atención, dislexia, ansiedad severa y otras condiciones.
“La mayoría de los profesores no estamos preparados para manejar esto”, dijo y cuestionó que, en muchos recintos, aún se impongan estándares de excelencia académica sin ajustes que consideren estas realidades. Aunque el acomodo razonable es un derecho establecido por ley, en la práctica sigue siendo opcional y muchas veces debe autogestionarse ante la falta de un protocolo institucional claro, señaló Géliga Vargas.
“Antes recibía una sola hoja de acomodo razonable cada cierto tiempo. Ahora me llegan hasta tres notificaciones por clase cada semestre. En muchos casos, no hay un entendimiento e incluso ni existe un protocolo para manejar a estudiantes de neurodiversidad cuando entran en alguna crisis”, lamentó.
A su modo de ver, el aumento en solicitudes de acomodo razonable refleja que más estudiantes se atreven a identificarse como neurodivergentes y a reclamar sus derechos, algo que antes era menos común. Pero, añadió que también expone el rezago de la Universidad frente a ese cambio de comportamiento generacional y social que ya está ocurriendo.
“Muchos estudiantes al final se me acercan a agradecer el acomodo razonable. Pero les aclaro que eso es un derecho y me dicen que nadie más lo hace, que queda en letra muerta”, relató.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.
