Empleados de la UPR aprueban voto de huelga en medio de asamblea extraordinaria

 La Heend agrupa a más de 4,000 empleados de la UPR.

PPeriodista de Breaking News     

22 de febrero de 2024 - 9:56 AM 

Los empleados de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobaron este jueves, 

de forma unánime, un voto de huelga en una asamblea extraordinaria para exigir a 

la administración que cumpla con el convenio colectivo.

La decisión se tomó durante una reunión, que fue convocada para las 9:00 a.m., 

en los anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras, 

 que contó con la participación de 980 empleados, confirmó a El Nuevo 

Día el presidente de la Heend, Carlos Juan De León.  

De esta forma, la matrícula de la Heend le ha dado un ultimátum al presidente de laUPR, el doctor Luis A. Ferrao Delgado, para que cumpla con los acuerdos que  se  alcanzaron en la mesa de negociación, incluyendo el pago de una bonificación no recurrente de $3,000. 

De León aseveró que, tras la aprobación del voto de huelga, se le ha dado un plazo de dos semanas a Ferrao Delgado para que se exprese. Al momento, no hay fecha para implementar paros o una huelga indefinida, acción que podría ocurrir en cualquier momento.

“(El reclamo es) que nos dejen ratificar lo que el patrono acordó con nosotros, que fue una bonificación en estipulación, fuera de convenio colectivo, a pagarse una sola vez, (por la suma) de $3,000, y entonces poder llevar el convenio colectivo a ratificación”, explicó.

En entrevista con este medio, De León resaltó que el acuerdo se alcanzó en noviembre del año pasado y que la Junta de Gobierno de la UPR, ente rector del primer centro docente del país, acordó en su reunión ordinaria celebrada el 30 de ese mes, pagar el incentivo de $3,000.

Para cumplir con el incentivo, la Junta de Gobierno de la UPR emitió las certificaciones 64 y 65, con fecha del 10 de enero de 2024, donde se establece que se aprobó que el presidente Luis A. Ferrao pueda “acordar pagar” los incentivos de $2,000 y $1,000, para un total de $3,000.

Por un lado, la certificación 64 dispone el pago del incentivo de $2,000 en el año fiscal 2023-2024, mientras que, la certificación 65, establece el pago de los restantes $1,000 para el año fiscal 2024-2025, pero condicionado a que Ferrao Delgado incluya el impacto económico.

“Está aprobado (el incentivo). Ellos identificaron el dinero y le están pidiendo a la Junta de Control Fiscal permiso y por eso es que no nos habían autorizado y no habían firmado finalmente. Ellos nunca firmaron la estipulación de los $3,000 porque no tenían la autorización”, dijo.

Resaltó que, el 14 de febrero, el gremio universitario recibió una oferta, por parte del patrono, que es exactamente la misma que habían recibido, pero con una nueva fecha de pago. “Como es exactamente la misma oferta, entendíamos que habíamos llegado a un acuerdo”, explicó.

La reunión de la Heend se efectuó en los anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras 


Empleados de la UPR aprueban voto de huelga en medio de asamblea extraordinaria - El Nuevo Día (elnuevodia.com)

La falta de uniformidad, tanto administrativa como académica en la UPR

 No habrá consolidaciones administrativas con otras unidades para los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas debido a la complejidad de sus operaciones.


La Universidad de Puerto Rico establecerá medidas para uniformar las operaciones entre los campus, en busca de mejorar su funcionamiento y tener acceso a fondos separados de su presupuesto.

La falta de uniformidad, tanto administrativa como académica entre los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha sido un problema que, por años, ha complicado la vida de más de un estudiante y empleado del sistema, pero la actual administración pretende superar ese reto mediante las iniciativas de eficiencia que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exige a la institución educativa.

Entre las prioridades, está estandarizar currículos para facilitar que los cursos que un estudiante toma en un recinto sean convalidados en otro, así como ampliar el plan piloto de servicios compartidos entre unidades académicas para mejorar ciertas funciones administrativas, indicó el director ejecutivo de la Oficina del Presidente, Josué Hernández Álvarez.

“Ya es hora de que la Universidad de Puerto Rico atienda esa necesidad de nuestros estudiantes”, expresó.


Consabidos son los relatos de estudiantes que han enfrentado problemas para lograr que los cursos que tomaron en un recinto se reconozcan en otro.

“No estamos organizados; los recintos no se hablan”, confirmó el presidente del Consejo General de Estudiantes ( CGE) de Río Piedras, Miguel Marín Fuster. “Los estudiantes tienen problemas con los traslados (entre recintos). También, es el hecho de que no hay clases, es el hecho de la movilidad del estudiante… dentro del problema burocrático administrativo tan grande, los estudiantes no se pueden graduar porque no hay quién dé los cursos, porque las plazas (de docentes) se congelan. Tienen que ir a otros recintos a tomar las clases y después buscar cómo les convalidan esos créditos para graduarse”, añadió.


En el presupuesto del año fiscal vigente para la UPR, la JSF dejó, nuevamente, un fondo especial de $102 millones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), sujeto a que la universidad del Estado cumpla con una serie de requerimientos para apoyar la excelencia académica, fomentar el desarrollo económico y demostrar responsabilidad fiscal.

Hernández Álvarez destacó que, en conversación con un equipo de trabajo compuesto por funcionarios de la UPR y la JSF, entre otros, establecieron cuatro iniciativas estratégicas que se completarán este semestre.

La primera, enumeró, es fortalecer la coordinación entre recintos en la oferta de programas de apoyo estudiantil, enfocado en “superar obstáculos que afectan la retención y graduación” de alumnos. Asimismo, ampliarán el proyecto de servicios compartidos entre recintos, mediante el cual ocho de las 11 unidades serán combinadas en grupos para repartir ciertos servicios administrativos. En tercer lugar, se contempla la estandarización de currículos en programas académicos para facilitar el intercambio de clases y permitir la movilidad estudiantil, seguido, como cuarto proyecto, por mejorar la gestión de la Oficina de Transformación Institucional (OTI).


Todas las iniciativas serán atendidas este semestre, aseguró el funcionario, aunque reconoció que aún se deben finiquitar detalles del alcance de la estandarización de currículos.

“Es un plan bien agresivo, pero lo tenemos que hacer porque es necesario. Es necesario que la universidad, por fin, atienda la problemática de que, por décadas, los estudiantes toman cursos en otras unidades del sistema. Es la misma codificación, la descripción es la misma, pero no se lo convalidan a otra unidad porque entienden que no es un curso que está al mismo nivel”, expresó Hernández Álvarez.

MÁS RECINTOS COMPARTIRÁN RECURSOS

“No estamos organizados; los recintos no se hablan” MIGUEL MARÍN FUSTER PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES, UPR RÍO PIEDRAS.


La JSF rechazó, hace dos semanas, autorizar un desembolso de $60 millones del fondo especial para la UPR debido a la falta de un plan específico sobre cómo se utilizaría el dinero. Previamente, el ente aprobó que se usaran unos $5.3 millones para el aumento de salario, a $9.50 la hora, a empleados no docentes.

“Lo estamos trabajando de la mano de la

Junta. Una vez la Junta nos diga ‘ese informe está’, lo sometemos y debe haber un desembolso inicial por unos procesos que se han ido adelantando, como es la extensión de los servicios compartidos y, eventualmente, el desembolso final de lo que ellos establecieron en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico como una partida para los milestones (objetivos)”, manifestó Hernández Álvarez.


En total, se impactarán unos 200 empleados.

Hernández Álvarez reconoció que hay preocupaciones entre los recintos que se unirán a la iniciativa. Por ejemplo, señaló que, durante una reunión la semana pasada, hubo cuestionamientos en torno a la selección de Ponce como “matriz” o cabeza de grupo que contiene las unidades académicas del este y sur.

“Se atendieron preocupaciones de Cayey sobre la determinación de la matriz, pero poco a poco, como pasó anteriormente con Arecibo, se irá educando a la comunidad universitaria, implementando cambios que no afectan el manejo de los recintos ni el alcance de los rectores. Son decisiones administrativas de cómo seremos más eficientes”, expresó.



  • En total, se impactarán unos 200 empleados.

    Hernández Álvarez reconoció que hay preocupaciones entre los recintos que se unirán a la iniciativa. Por ejemplo, señaló que, durante una reunión la semana pasada, hubo cuestionamientos en torno a la selección de Ponce como “matriz” o cabeza de grupo que contiene las unidades académicas del este y sur.

    “Se atendieron preocupaciones de Cayey sobre la determinación de la matriz, pero poco a poco, como pasó anteriormente con Arecibo, se irá educando a la comunidad universitaria, implementando cambios que no afectan el manejo de los recintos ni el alcance de los rectores. Son decisiones administrativas de cómo seremos más eficientes”, expresó.

  • UPR tiene que tomar acción sobre manejo de sus fondos y su oferta académica

     Por: CyberNews
    NOTICEL  
    Publicado: Feb 28, 2024 01:31 PM


    El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica,
    Foto: Archivo/Juan R. Costa


    El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, dijo el miércoles que las conversaciones con la Universidad de Puerto Rico (UPR) van más allá del tema de las bonificaciones a los empleados no docentes.

    Según Mujica, la UPR tiene que asegurarse de que los recursos se invierten adecuadamente a beneficio de los estudiantes y tomar en cuenta los cambios demográficos y la baja en matrícula.

    “Continuamos las conversaciones con la Universidad sobre eso, identificando tanto los recursos como también los términos mismos. Hubo conversaciones tan recientes como ayer. Creo que las conversaciones continúan, así que esperamos poder llegar a un acuerdo que sea justo, para la Universidad. Para ser claros, hemos trabajado con el gobierno para aumentar el presupuesto en aproximadamente un 20% para la Universidad este año, más de 102 millones de dólares”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

    El ente federal creado bajo la Ley PROMESA todavía no ha emitido una determinación final sobre el pago de la bonificación de 3 mil dólares a los afiliados a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

    “También pasamos ocho meses trabajando con la Universidad y otros interesados en abordar los problemas que enfrenta la UPR en el futuro. El problema con los empleados es importante. Necesitamos lidiar con la facultad docente también. Una prioridad nuestra es llevar dinero al aula y enfrentar algunos de los desafíos que enfrenta la UPR, que muchas universidades enfrentan y muchas universidades públicas están enfrentando. Desafíos relacionados con cambios demográficos. La UPR ha enfrentado una disminución del 32% en la matrícula y parte de nuestras conversaciones con la Universidad ha sido estas cuatro iniciativas estratégicas diseñadas para mejorar las ofertas de clases. Están diseñadas para mejorar cómo los estudiantes obtienen clases y asegurarse de que tengan clases disponibles, asegurarse de que sus créditos se transfieran y asegurarse de que las ofertas sean las que los estudiantes necesitan. De forma que estén eligiendo la UPR sobre otros sistemas universitarios. Así que estamos hablando del tema relacionado con el personal no docente y ese contrato y estamos trabajando en eso. Pero también estamos trabajando en otras cosas para asegurarnos de que los fondos adicionales que hemos reservado para la Universidad estén siendo puestos en el aula y resulten en cambios. Porque a medida que cambia el ambiente, a medida que cambia la economía, las universidades en general necesitan hacer cambios para ajustarse a las necesidades de los estudiantes, y eso es en lo que nos estamos enfocando”, añadió.

    Cuestionado sobre si la Junta iba a entrar en la oferta académica, Mujica contestó que “no vamos a tomar decisiones por la Universidad, sobre qué cosas necesitan ser. Y nuevamente, por eso hemos tenido muchas conversaciones tanto con la Junta de Gobierno, el presidente de la Universidad y otros. El punto es que van a tener que tomar esas decisiones y hacer esos cambios. Pero solo queremos asegurarnos de que esas conversaciones realmente estén sucediendo y en la medida en que vamos a agregar recursos adicionales, no los agreguemos al ‘status quo’. Así que asegurémonos de que, al agregar recursos adicionales, los estamos poniendo en los lugares donde más se necesitan y también donde ayudan, con la misión académica, que es el objetivo principal de la Universidad, la misión académica".

    “No necesitas más planes, necesitas más ejecución en estas cosas. Y si se están emitiendo recursos, queremos asegurarnos de que los recursos estén allí para ayudar a asistir en la transformación que simplemente tiene que suceder. Así que no vamos a decirle a la Universidad qué ofertas académicas son, pero deberían usar datos para tomar estas determinaciones. ¿Qué están buscando los estudiantes? ¿Está eso alineado con tus ofertas de varias maneras? Asegúrate de que estén alineados y luego avanza. Así que, hay que estimular la conversación, tener los recursos reservados para ese propósito. Pero no estamos tomando esas determinaciones. Esas determinaciones necesitan ser tomadas”, concluyó.

    Le dan a la razón a la JCF al rechazar la solicitud 60 millones de fondos

     Representante claustral admite que la solicitud de fondos no tenía el nivel de una institución académica de primera como la UPR.

    "El plan operacional se quedó en el aire porque se devolvió a administración central. Aun así, el presidente sin tener el apoyo de la Junta de Gobierno hace la petición a la Junta de Supervisión Fiscal, yo diría a destiempo".   Margarita Villamil, profesora en la UPR.

    Ferrao explicó que la universidad tiene $102 millones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para una serie de iniciativas que están en el plan estratégico de la institución. Reconociendo la falta de agilidad gubernamental, el presidente solicitó en octubre acceso a $60 millones para implementar cuatro iniciativas. Estas son: ampliar el proyecto de los servicios compartidos; fortalecer y mejorar la coordinación entre recintos en la oferta de programas de apoyo estudiantil; mejorar la gestión de la oficina de transformación, incluyendo organización, procesos y herramientas; estandarizar los currículos de los programas académicos a través de los recintos.

    “Lo que intentamos hacer fue adelantarnos y presentar otras iniciativas que están enmarcadas más o menos en el plan estratégico ya aprobado y de una u otra forma tener acceso al dinero con más antelación, porque hay que hacer subastas y el gobierno no va tan rápido como la empresa privada. Por eso hicimos esa petición en octubre presentándoles a ellos, mediante carta, unas iniciativas por fases para que nos dieran un fondo semilla de $60 millones para empezar a adoptar las medidas del plan estratégico; les describimos, más o menos, lo que queríamos, que era poner el dinero en acción desde antes”, indicó el presidente.

    “La respuesta de Mujica en cierta medida tiene razón, porque lo que está diciendo es que para completar las iniciativas, eso tiene que estar enmarcado en unos objetivos. Lo que pasa es que ahora tenemos menos tiempo en términos de año fiscal, estamos en febrero y lo que nos queda son cuatro meses. Lo que él me está diciendo es que se completen los objetivos y metas de cada iniciativa”, agregó Ferrao.

    Villamil, por su parte, aclaró que cuando el presidente de la UPR presentó el plan estratégico, decidió votarle en contra porque “me parece que no estaba listo. Cuando llegó el plan operacional mucho menos estaba listo. El plan operacional se quedó en el aire porque se devolvió a administración central. Aun así, el presidente, sin tener el apoyo de la Junta de Gobierno, hace la petición a la Junta de Supervisión Fiscal, yo diría a destiempo”.

    La profesora recalcó que esa solicitud de fondos no contaba con el apoyo de la Junta de Gobierno.

    Le dan a la razón a la JCF | Gobierno | elvocero.com

    La Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó un pedido de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para acceder a una partida de $60 millones

     La Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó un pedido de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para acceder a una partida de $60 millones de su presupuesto para establecer un “fondo semilla” para echar a caminar una serie de proyectos basados en el plan fiscal de la institución.

     Según el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, la propuesta de la UPR es muy vaga. 

    Los $60 millones son parte de un fondo especial de $102 millones que la JCF dejó bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa reserva actualmente tiene unos $96.7 millones, ya que se transfirieron cerca de$5.3 millones a la UPR para cumplir con el aumento salarial, a $9.50 la hora, de empleados no docentes, que entró en vigor el año pasado. 

    Hace cuatro meses, el presidente de la UPR, Luis Ferrao, solicitó acceso a esos fondos para implementar una propuesta que se desarrollaría en tres fases. La carta de Mujica no brinda mayores detalles sobre las iniciativas que la institución planeaba realizar.

     Al rechazar el pedido, Mujica repasó los parámetros para la aprobación de los fondos, como la autorización de la Junta de Gobierno de la UPR.

    Desde que el gobierno federal impuso la Junta Fiscal para enderezar las finanzas públicas, el organismo ha implementado medidas de austeridad que han incluido recortes al presupuesto de la UPR y propuestas para aumentar el costo de la matrícula en la universidad pública. 📉

    jfonseca
    Fuente: Metro, El Nuevo Día

    Ciencias Médicas espera reabrir programa de residencia en Neurocirugía en el 2025 . El plan es solicitar para verano la acreditación de un nuevo programa de entrenamiento.

    Por Bárbara J. Figueroa Rosa 9 de febrero de 2024 • 7:36pm PRIMERA HORA, Puerto Rico Tras un ejercicio de introspección y reconocimiento de los errores que se cometieron en el pasado, en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se proponen solicitar a mediados de verano la acreditación de un nuevo programa de entrenamiento de Neurocirugía con la esperanza de recibir al primer residente en julio de 2025. Han transcurrido un poco más de dos años desde aquella gran sacudida para el campo académico y clínico de la salud en Puerto Rico tras anunciarse que el RCM había perdido la acreditación de su programa de residencia de Neurocirugía, tras unas deficiencias que no fueron corregidas y que habían sido señaladas por años por el Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada (ACGME, en inglés). La residencia no superó dos procesos probatorios y, finalmente, dejó de existir en junio de 2022, tras más de 50 años en la oferta académica de la institución. En ese entonces, los residentes del programa tuvieron que reubicarse en Estados Unidos o Canadá. Cabe señalar que el entrenamiento en Neurocirugía se prolonga por siete años. Ahora, finalmente, las deficiencias parecen haber sido subsanadas y el RCM hará una solicitud de acreditación del nuevo programa de residencias durante el verano. La agencia acreditadora tendrá 90 días para responder y visitar la isla para evaluar y corroborar que se cumplan con los requisitos. “Estamos bien esperanzados de que nos van a decir que sí”, sostuvo el neurocirujano Jorge Lastra, representante de rectoría en el proceso de acreditación de la residencia de neurocirugía. Si las expectativas se cumplen, el primer residente del nuevo programa estaría ingresando el 1 de julio de 2025. Posteriormente, entraría un nuevo o nueva integrante para la misma fecha de cada año. Según Lastra, hay varios candidatos para la oportunidad, pero el proceso de selección será establecido por la casa acreditadora. “Pero, sí, hay muchas personas muy buenas que están esperando para ser neurocirujanos”, puntualizó. En cambio, el camino para llegar a este punto ha sido “arduo” y con un matiz de autoevaluación que involucró a personas internas y externas a la Escuela de Medicina. “Se nos hizo difícil comprender que, aunque hacemos un servicio excelente a los pacientes y no tenemos duda que nuestros neurocirujanos estaban a la par de cualquier neurocirujano del mundo, vemos que las situaciones difíciles nos hacen volver a evaluar todo lo que hacemos, a crecer y a ser mejores”, sostuvo Lastra. Agregó que para poder restablecer el programa de residencia se crearon múltiples grupos de trabajo dentro de la Escuela de Medicina, como con profesionales externos que incluyen a personas del Departamento de Salud y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) del Centro Médico. “Nosotros hicimos lo que hace cualquier persona cuando tiene una situación difícil en la vida: una introspección, una autoevaluación de afuera hacia adentro. Y de ahí partimos a establecer un plan de trabajo”, agregó, al acotar que los 14 neurocirujanos de la Facultad de Neurocirugía, dirigida por el veterano médico Emil Pastrana, colaboran estrechamente en el proceso en el que también participan tres médicos especializados en cuidados críticos de neurociencia. De hecho, cuando cerró el programa solo habían ocho facultativos. El doctor Samuel Estronza, director del Programa de Residencia de Neurocirugía explicó que poco a poco se atendieron los señalamientos que dieron paso al cierre del programa y se fueron trabajando puntualmente asuntos como aumentar de dos a tres las salas de operaciones, adquisición de nuevos equipos, se contrataron 30 “house staff” (médicos de apoyo que en su mayoría son egresados del RCM), un coordinador de neurocirugía que se encarga de toda la coordinación de los procesos quirúrgicos de los pacientes hasta su traslado a las salas de intensivo y un coordinador dentro de sala de operaciones. Asimismo, se creó un programa de guardias de neuro intensivistas. “La inversión fue millonaria (no se precisó el monto) y el secretario de Salud, Carlos Mellado, así como el licenciado Jorge Matta de ASEM, han colaborado desde el principio en todo esto... pero no podemos decir que ya todo acabó, porque hay que someter la solicitud y hay unos estándares que hay que cumplir en unas fechas en específico”, acotó por su parte el doctor Orestes Quesada, vice-presidente de Asuntos Académicos e Investigación de la UPR. A nivel académico también se hacen ajustes, incluyendo la integración de investigadores a la Facultad y extendiendo la experiencia de la residencia a otros hospitales de Puerto Rico y no, exclusivamente, a los del Centro Médico, en Río Piedras. “El hospital Manatí Medical Center y el Menonita de Caguas ya están afiliados a la Escuela de Medicina... son hospitales donde ya hay servicios de neurocirugía establecidos y que tienen una cierta cantidad de casos en un periodo de un año. Estos hospitales tienen servicios de neurocirugía robustos que tienen otras experiencias y atienden a otro tipo de pacientes de comunidad”, explicó Estronza al añadir que la dinámica permitirá cumplir con los nuevos estándares para atender los temas de diversidad, equidad e inclusión que exige la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). El RCM opera con un presupuesto engrosado con fondos externos de $142 millones. En cambio, la decana interina de la Escuela de Medicina, la pediatra Deborah Silva, explicó que esta Escuela opera con un presupuesto de $189 millones porque tiene un sistema diferente para manejar su presupuesto, dado que el 30% viene de la asignación persé del recinto y el restante 70% es de fondos externos, que incluyen la facturación de los servicios hospitalarios y a través de investigación. El recinto cuenta con 37 programas de residencias que brindan un servicio indispensable para el Centro Médico y el sistema de salud del país, incluyendo 20 que ninguna otra institución académica ofrece en la isla. Cerca de 450 médicos residentes fortalecen el servicio al único hospital en el país y el Caribe que provee atención médica a un nivel supra terciario o a personas médico-indigentes, individuos con condiciones de salud críticas, de alto riesgo y pacientes que no pudieron tratar su condición en otras instituciones porque no cuentan con los recursos para recibir atención médica.

    Se impone la politiquería.

    Tal como lo veníamos denunciando, el mollero politiquero se hizo realidad tras la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) i...